La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) puso en marcha un proceso extraordinario dirigido a operadores del sector que mantienen obligaciones pendientes o que funcionan sin la autorización correspondiente.
La iniciativa tendrá una duración de seis meses y busca facilitar la incorporación de empresas y personas al marco legal, además de permitir que los operadores puedan resolver compromisos económicos acumulados bajo condiciones especiales.
Entre los principales beneficios se encuentra la posibilidad de eliminar multas, recargos e intereses relacionados con determinadas obligaciones, siempre que los interesados cumplan con los requisitos establecidos en el Decreto Legislativo No. 172-2026, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el pasado 21 de septiembre.
La nueva normativa también modifica el porcentaje que los operadores deben pagar sobre los ingresos brutos provenientes de los servicios públicos de telecomunicaciones, fijándolo en 1 % mensual.
Quienes durante el periodo comprendido entre 2025 y abril de 2026 hayan efectuado pagos bajo una tasa del 1.5 % podrán solicitar que el monto correspondiente al 0.5 % adicional sea aplicado como crédito para futuras obligaciones.
El proceso también contempla mecanismos para que operadores con permisos vigentes o en trámite de renovación puedan solucionar deudas acumuladas desde 2014 hasta el 23 de abril de 2026. Para ello deberán cancelar los montos correspondientes al capital o establecer un convenio de pago.
Los operadores que tengan dificultades para cubrir sus compromisos podrán solicitar acuerdos de pago de hasta 24 meses, con una tasa de interés que no podrá superar el 12 % anual.
La medida incluye además a quienes actualmente brindan servicios de telecomunicaciones sin contar con la autorización respectiva. Estas personas o empresas dispondrán del mismo periodo para solicitar la regularización de sus actividades, siempre que las autoridades determinen que cumplen con las condiciones técnicas y legales.
CONATEL advirtió que, una vez concluido el periodo extraordinario, retomará las acciones de cobro y las medidas administrativas contra quienes permanezcan fuera de la normativa. También se realizarán inspecciones para detectar operaciones que continúen funcionando de manera irregular.
