La Comisión Técnica Liquidadora presentó ante el Ministerio Público una denuncia por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos de al menos 25 instituciones estatales durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro, luego de detectar inconsistencias financieras, pagos cuestionados y recursos cuyo destino todavía no ha sido esclarecido.
La denuncia fue presentada el miércoles 28 de octubre, cuando los cinco integrantes de la comisión entregaron documentación relacionada con más de diez líneas de investigación. Los expedientes también fueron remitidos al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para las actuaciones correspondientes.
El abogado Leonel Núñez, integrante de la comisión, explicó que entre los hallazgos figuran posibles transferencias irregulares, fondos sin liquidaciones claras y pagos por servicios de asesoría cuya justificación deberá ser examinada.
L230 millones bajo revisión
Uno de los casos señalados corresponde a 230 millones de lempiras destinados a cajas rurales. Según la abogada Denisse Yamileth Rosales, los recursos habrían sido transferidos desde la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos hacia el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola.
La revisión preliminar identificó diferencias entre las liquidaciones presentadas y la falta de conciliaciones bancarias que permitan establecer con claridad quiénes recibieron el dinero y cómo se utilizaron los fondos.
La comisión solicitó investigar las operaciones y determinar si los recursos fueron empleados conforme a los objetivos establecidos.
Pagos millonarios y programas sociales
Otro de los señalamientos está relacionado con pagos superiores a 150 millones de lempiras a un ciudadano venezolano, según declaraciones de Núñez. Asimismo, se cuestionaron contrataciones de asesorías, servicios de transporte, hospedaje y alimentación, cuyos montos y condiciones deberán ser examinados.
La desaparecida Secretaría de Planificación Estratégica también figura entre las instituciones bajo revisión. De acuerdo con la información presentada por la comisión, su presupuesto pasó de 74 millones de lempiras en 2022 a 1,694 millones en 2025.
Los expedientes incluyen, además, posibles inconsistencias en programas de asistencia para migrantes retornados y la distribución de bonos alimenticios. Las autoridades deberán verificar los registros de beneficiarios, las cantidades entregadas y la documentación que respalda cada operación.
Investigación deberá determinar responsabilidades
La comisión también señaló posibles irregularidades relacionadas con la construcción del Hospital Neonatal de Occidente y la adquisición de equipo médico antes de que la infraestructura estuviera lista para operar.
Los integrantes de la comisión sostienen que los hallazgos requieren una revisión técnica y financiera para establecer si hubo perjuicio económico para el Estado.
Por su parte, el Ministerio Público informó que analizará la documentación recibida mediante sus equipos fiscales, con el propósito de esclarecer los hechos y determinar si existen elementos para deducir responsabilidades penales.
Hasta el momento, los señalamientos corresponden a denuncias que deben ser investigadas y no constituyen una declaración judicial de culpabilidad. Corresponderá a las autoridades competentes verificar las operaciones, identificar a los posibles responsables y establecer si procede presentar requerimientos fiscales.
