La Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez (Coiproden), rechazó las propuestas orientadas a reducir la edad de responsabilidad penal y aumentar las penas para niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley, al advertir que estas medidas no garantizan por sí solas una mayor seguridad ciudadana.
En un pronunciamiento público divulgado en las últimas horas, la organización expresó su preocupación por las iniciativas planteadas en el marco de las propuestas para fortalecer la seguridad en Honduras, relacionadas con las declaraciones del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.
Coiproden reconoció que la seguridad ciudadana constituye una prioridad para las familias hondureñas y que el Estado debe prevenir e investigar los delitos, proteger a las víctimas y garantizar el cumplimiento de la ley. Sin embargo, sostuvo que las respuestas legislativas deben sustentarse en evidencia, análisis técnico y respeto a los derechos humanos.
La red señaló que endurecer las sanciones contra adolescentes no sustituye la obligación estatal de prevenir la violencia y no demuestra, por sí mismo, que se alcanzará una mayor seguridad.
El pronunciamiento también cuestiona que, ante el temor y la indignación social, las autoridades recurran a propuestas para reducir la edad penal o aumentar las penas, sin abordar las condiciones sociales e institucionales que contribuyen a la violencia.
En ese sentido, la organización citó datos de la política nacional de niñez según los cuales el 46 % de las razones reportadas para abandonar el tercer ciclo de educación básica corresponde a la falta de recursos económicos. A criterio de Coiproden, esta realidad demanda respuestas de protección y generación de oportunidades, en lugar de trasladar a la niñez y adolescencia las consecuencias de las fallas institucionales.
La red recordó que los menores que entran en contacto con el sistema de justicia juvenil también pueden haber enfrentado pobreza, exclusión educativa, violencia, abandono o falta de protección. Reconocer estas circunstancias, aclaró, no significa justificar los delitos ni desconocer los derechos de las víctimas, sino comprender la necesidad de una respuesta estatal responsable y especializada.
Asimismo, instó a las autoridades a investigar tanto a quienes cometen delitos como a las estructuras criminales que reclutan, explotan o utilizan a menores de edad para actividades ilícitas.
