El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) planteó la instalación de una mesa de diálogo para abordar la situación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), luego de la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el régimen.
La directora del CNA, Gabriela Castellanos, señaló que la sentencia de la Sala de lo Constitucional constituye un punto de partida, pero consideró necesario abordar los asuntos que permanecen pendientes y determinar qué acciones corresponden conforme al marco legal hondureño.
Castellanos propuso que en esta mesa participen la Procuraduría General de la República (PGR), representantes de las ZEDE y otras autoridades, con el propósito de analizar la situación y establecer qué actuaciones pueden realizarse y cuáles no.
“Ya sabemos que hay una resolución por parte de la Sala de lo Constitucional de la CSJ en donde se declara que las Zede son inconstitucionales, pero también no nos podemos quedar ahí”, expresó la directora del CNA.
¿Qué estableció la CSJ?
En septiembre de 2024, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia declaró, por mayoría de votos, la inconstitucionalidad del Decreto 236-2012 y de la Ley Orgánica de las ZEDE. La resolución estableció un efecto ex tunc, es decir, con efectos desde el origen de las normas cuestionadas. La CSJ argumentó que estas disposiciones vulneraban artículos pétreos relacionados, entre otros aspectos, con la organización territorial, el sistema de justicia y la planificación económica del país.
El tema volvió a cobrar relevancia esta semana luego de que Próspera ZEDE anunciara el nombramiento de un fiscal civil, mientras continúa el debate sobre el alcance de la sentencia y las actuaciones que corresponden al Estado.
Por su parte, el procurador general de la República, Dagoberto Aspra, confirmó que la PGR analiza posibles acciones legales relacionadas con actuaciones dentro de Próspera, aunque también señaló que todavía existe la posibilidad de buscar una vía de entendimiento.
El CNA sostiene que el tema debe abordarse mediante un proceso de diálogo que permita determinar las acciones pendientes y evitar que la controversia continúe prolongándose, tomando como referencia la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia.
