Ante el recrudecimiento de las acciones contra el crimen organizado, la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, hizo un enérgico llamado al Estado hondureño para consolidar y fortalecer de manera integral el sistema de justicia nacional. La petición, emitida a través de su reciente columna de opinión titulada “Hora de limpiar la casa”, subraya que el despliegue de operativos de seguridad es insuficiente si no se respalda con investigaciones sólidas y un aparato judicial incorruptible.
Durante su análisis, Castellanos reconoció que la declaratoria de ciertas estructuras delictivas como asociaciones terroristas marca una nueva etapa en la estrategia de seguridad del país. Sin embargo, advirtió que estas operaciones coercitivas necesitan un andamiaje legal robusto y coordinado para evitar la impunidad. Según la abogada, Honduras demanda con urgencia la presencia de fiscales altamente preparados e íntegros, jueces independientes y circuitos judiciales especializados capaces de procesar los casos con celeridad y rigor técnico.
“De nada sirve un despliegue de fuerza intimidante en las calles si los fiscales y jueces fallan después en los tribunales”, enfatizó la titular del CNA en su escrito, recordando además el principio de que la fuerza sin ley se convierte en tiranía, mientras que la ley sin capacidad de ejecución refleja debilidad institucional.
Asimismo, la directora del organismo anticorrupción enfatizó la necesidad ineludible de respetar el debido proceso y los derechos humanos fundamentales. Argumentó que cualquier captura policial pierde su efectividad jurídica si va acompañada de una investigación deficiente, un expediente mal estructurado o actuaciones arbitrarias que propicien la liberación de los imputados en las instancias judiciales.
En su reflexión, Castellanos cuestionó la sostenibilidad de mantener medidas de excepción de manera permanente, abogando por que la respuesta del Estado se mantenga estrictamente dentro de los cauces del marco jurídico constitucional. Para la experta, la ofensiva gubernamental no debe limitarse exclusivamente a la captura de los ejecutores materiales de los delitos, sino que debe golpear de forma contundente las redes de financiamiento ocultas y las estructuras que posibilitan el control territorial y económico por parte de la criminalidad organizada.
El CNA concluyó que el país requiere urgentemente instituciones públicas capaces de enfrentar a las mafias con absoluta contundencia, pero bajo la premisa irrenunciable de no debilitar las garantías legales y los derechos que el propio Estado tiene la obligación constitucional de proteger.
