Honduras enfrenta una amenaza silenciosa: 800 empresas de seguridad operan al margen de la ley, infiltradas por el crimen organizado y armadas hasta los dientes.
Así lo denunció Enrique Yllescas, presidente de la ANSEPH, quien reveló que estas compañías «piratas» poseen unas 40 mil armas ilegales y compiten deslealmente ofreciendo servicios a bajo costo sin ningún control estatal ni registro de la Secretaría de Seguridad.
Esta alarmante situación saltó a la vista tras el asesinato de un niño en Comayagüela, cometido por un guardia que trabajaba para una empresa clandestina y que, según Yllescas, disparó bajo efectos del alcohol o drogas.
Mientras las empresas legales exigen pruebas de antidoping y perfiles psicológicos, estas redes ilegales están poniendo armas en manos de personas incapacitadas, convirtiendo la «seguridad» en un peligro mortal para la ciudadanía.
