La Comisión de Equidad de Género del Congreso Nacional sostuvo una reunión clave con el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (Iudpas), el Foro de Mujeres Políticas y ONU Mujeres para analizar los alarmantes índices de violencia de género en el país y coordinar reformas legislativas orientadas a frenar los feminicidios. Durante el encuentro, el Observatorio de la Violencia presentó estadísticas brutales que confirman que Honduras atraviesa una emergencia de seguridad para las mujeres, caracterizada por altas tasas de homicidios, desapariciones, agresiones sexuales y una persistente impunidad en el sistema judicial.
Radiografía del feminicidio en 2026 (1 de enero al 3 de junio: Los informes técnicos revelaron un comportamiento delictivo sumamente violento y concentrado en zonas geográficas y horarios específicos:
Frecuencia de crímenes: En Honduras, una mujer es asesinada de forma violenta cada 31 horas con 37 minutos.
Horas de mayor riesgo: El 22.4 % de las muertes violentas de mujeres se concentran en un rango nocturno, específicamente entre las 21:00 y las 23:59 horas.
Municipios más peligrosos: Ocho términos municipales acumulan el 48.0 % de los feminicidios en lo que va del año 2026:
- Distrito Central: 13.1 %
- Trujillo: 8.4 %
- San Pedro Sula: 7.5 %
- Choloma, El Progreso, Olanchito, Juticalpa y La Ceiba: 3.8 % cada uno.
El enemigo en casa: Cifras de abuso sexual (Periodo 2020-2024): Uno de los puntos más alarmantes de la reunión fue la exposición de las gráficas sobre delitos de violación, las cuales confirman que la mayoría de los agresores forman parte del entorno social y familiar de las víctimas:
| Relación del Agresor con la Víctima | Número de Casos Registrados |
| Conocidos | 2,366 casos |
| Pareja / Expareja | 1,497 casos |
| Otro familiar | 1,474 casos |
| Padre / Madre | 1,184 casos |
| Hijos | 8 casos |
Urge educación en igualdad y prevención municipal: La directora del Observatorio Nacional de la Violencia de la UNAH, Migdonia Ayestas, enfatizó que la seguridad de las mujeres no debe recaer exclusivamente en la Policía Nacional, sino en una transformación profunda desde las comunidades.
