El abogado independiente Tomás Gerardo Aceituno amplió los argumentos que sustentan la denuncia formal presentada ante el Ministerio Público contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández Aguilar, a quien señala por presuntas extralimitaciones en el ejercicio de sus funciones y una serie de conductas que, según su criterio, podrían estar vinculadas a delitos electorales y otros ilícitos.
Aceituno manifestó que la Constitución de la República establece claramente que los funcionarios públicos no poseen más atribuciones que aquellas expresamente conferidas por la ley. Bajo esa premisa, aseguró que antes de los acontecimientos que posteriormente involucraron a las Fuerzas Armadas se registraron actos que consideró inequívocos y que anticipaban lo que calificó como un “triste desenlace” para la institución castrense.
Como parte de los hechos incluidos en su denuncia, el profesional del derecho recordó un incidente ocurrido el 30 de octubre de 2024 durante una reunión en la Fuerza Aérea Hondureña. Según relató, frente a personal auxiliar del Estado Mayor Conjunto, Hernández Aguilar habría empuñado su arma en un acto que, a juicio del denunciante, representó una amenaza contra el orden constitucional.
“Cuando debía ser custodio, garante y respetuoso de la Constitución de la República, lo que hizo fue encañonar la Constitución”, expresó Aceituno, al asegurar que dicho episodio es conocido dentro de la estructura militar.
#ABNoticias El reconocido abogado Tomás Aceituno, formalizo una sólida denuncia contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, por una serie de delitos y extralimitaciones en el ejercicio de sus funciones al frente del cuerpo castrense. pic.twitter.com/9opUVAQ4B5
— Abriendo Brecha (@Abriendo_Brecha) June 13, 2026
Asimismo, señaló que el entonces jefe castrense manifestó públicamente su respaldo al proyecto denominado Ley de Justicia Tributaria, una posición que, según su valoración jurídica, forma parte de una serie de actuaciones que podrían interpretarse como actos preparatorios relacionados con la comisión de delitos electorales.
El abogado también vinculó sus señalamientos con los hechos ocurridos durante el proceso electoral primario del 9 de marzo, recordando que las Fuerzas Armadas tenían la responsabilidad exclusiva de la guarda, custodia, transporte y vigilancia del material electoral.
En ese sentido, mencionó que ciudadanos del Distrito Central y Cortés reportaron el hallazgo de urnas abandonadas en la vía pública, un hecho que generó cuestionamientos sobre el cumplimiento de las obligaciones institucionales asignadas a la entidad militar.
Aceituno sostuvo que todos estos elementos forman parte de la denuncia presentada ante el Ministerio Público, instancia a la que corresponde determinar si existen responsabilidades penales derivadas de los hechos denunciados.
