La administración del presidente Donald Trump ha consolidado acuerdos bilaterales con Honduras y Uganda para facilitar la deportación de migrantes que no son ciudadanos de estos países, según documentos internos del Gobierno de Estados Unidos obtenidos por CBS News. En el caso de Uganda, el pacto permite recibir a migrantes de otras nacionalidades africanas sin antecedentes penales, aunque no se especifica la cantidad de deportados que el país aceptaría.
Por su parte, Honduras acordó recibir a un número reducido de migrantes de países latinoamericanos de habla hispana, incluyendo familias con niños, con la posibilidad de aceptar más en el futuro. Estos convenios forman parte de una ambiciosa campaña de la administración Trump para persuadir a otros países de colaborar en su ofensiva contra la inmigración ilegal.
Ambos acuerdos se sustentan en la figura de “Tercer País Seguro” de la Ley de Inmigración de EE. UU., que permite redirigir a solicitantes de asilo a naciones donde sus reclamos de protección humanitaria puedan ser evaluados de manera justa, según el criterio del gobierno estadounidense. Este mecanismo fue previamente implementado en un acuerdo con El Salvador en febrero de 2025, que permitió la deportación de migrantes de terceros países, incluidos presuntos miembros de organizaciones criminales, al país centroamericano.
La estrategia refleja el esfuerzo diplomático de gran escala de la administración Trump para establecer acuerdos de deportación con múltiples naciones, a pesar de críticas de organizaciones de derechos humanos que advierten sobre posibles riesgos para los migrantes en países con antecedentes de violaciones a los derechos humanos.