Las víctimas de abusos sexuales cometidos por integrantes de la Iglesia católica en América Latina están solicitando medidas concretas de justicia, reparación y transparencia, ante la próxima visita del papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú, programada del 6 al 17 de noviembre de 2026.
La visita papal ha reavivado las expectativas de distintos sobrevivientes que esperan que sus testimonios sean escuchados y que la institución religiosa avance más allá de los encuentros privados, mediante acciones que permitan esclarecer los casos denunciados y establecer responsabilidades.
El Vaticano confirmó el 27 de octubre que el pontífice sostendrá varios encuentros con personas que han sufrido abusos por parte de miembros del clero y de la Iglesia. Según la oficina de prensa de la Santa Sede, estas reuniones buscan expresar cercanía con las víctimas, promover caminos de recuperación y contribuir a que la Iglesia sea un espacio seguro.
La confirmación llegó después de que sobrevivientes peruanos manifestaran preocupación por la ausencia inicial de reuniones con víctimas en el programa del viaje. Entre ellos figuran integrantes de la Red de Sobrevivientes Perú, vinculados a denuncias contra el Sodalicio de Vida Cristiana, una organización católica que fue disuelta por el Vaticano en 2025, durante el pontificado de Francisco.
Uno de los sobrevivientes que ha impulsado estas denuncias es el periodista peruano Pedro Salinas, quien contribuyó a documentar presuntos abusos sexuales, físicos y psicológicos dentro de esa comunidad. Salinas reconoció que el entonces obispo Robert Prevost, hoy León XIV, colaboró discretamente con sobrevivientes y defensores de derechos de las víctimas durante las investigaciones que llevaron a la disolución de la organización.
Sin embargo, otros denunciantes consideran que todavía existen importantes deudas pendientes. José Enrique Escardó, presidente de una organización peruana de sobrevivientes, ha señalado que las acciones adoptadas hasta ahora no han garantizado justicia, reparaciones suficientes ni participación de las víctimas en las decisiones institucionales
Entre las principales exigencias figuran compensaciones económicas, atención psicológica, transparencia sobre los procedimientos disciplinarios y mecanismos que impidan que sacerdotes señalados y encontrados responsables de abusos continúen ejerciendo funciones religiosas.
La preocupación también alcanza a Argentina, donde organizaciones de sobrevivientes han expresado reservas sobre el alcance de los encuentros con el pontífice. Algunos representantes han manifestado que prefieren llevar sus demandas ante instancias judiciales, donde puedan exigir que los responsables sean investigados y sancionados.
En México, el caso del sacerdote Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, continúa siendo uno de los antecedentes más emblemáticos de los abusos dentro de instituciones religiosas. Las denuncias contra Maciel fueron presentadas ante el Vaticano durante décadas, pero las medidas disciplinarias llegaron en 2006, cuando se le ordenó retirarse de la vida pública y del ejercicio del ministerio sacerdotal. Murió en 2008.
Por su parte, organizaciones defensoras de las víctimas consideran que todavía existen deficiencias en la aplicación de las normas de protección y en la publicación de información sobre las medidas disciplinarias adoptadas contra miembros del clero.
Entre las reformas impulsadas durante el pontificado de Francisco se encuentra Vos estis lux mundi, un marco normativo destinado a establecer procedimientos para denunciar e investigar determinados casos de abuso y encubrimiento dentro de la Iglesia. No obstante, los defensores de sobrevivientes sostienen que su aplicación continúa siendo desigual y reclaman estándares de protección más uniformes.
La próxima gira de León XIV representa una nueva oportunidad para escuchar a quienes durante años han exigido respuestas. Sin embargo, para las víctimas, el desafío no se limita a ser recibidas por el pontífice, sino a conseguir que sus denuncias se traduzcan en justicia, reparación y cambios institucionales duraderos.
