La Asamblea Nacional de Nicaragua, un poder estrictamente subordinado al Ejecutivo, informó este martes que ha comenzado los análisis técnicos y legales para cumplir con la orden del mandatario Daniel Ortega de prohibir la celebración de elecciones generales en el país.
El Parlamento indicó mediante una declaración oficial que elaborará un plan de trabajo y sostendrá sesiones especiales con el Consejo Supremo Electoral (CSE) también bajo control oficialista para estructurar las reformas constitucionales y legales que fundamenten esta decisión, justificada por el régimen como una medida para «asegurar la paz y la estabilidad». La directriz se formaliza luego de que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007 junto a su esposa y copresidenta Rosario Murillo, asegurara durante la conmemoración del aniversario sandinista que no permitirá procesos que pongan en riesgo el control del oficialismo.
La medida desató una inmediata ola de condenas internacionales y rechazo de la oposición. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó a Ortega de dejar al descubierto su «verdadera naturaleza autoritaria» al sepultar definitivamente la posibilidad de comicios democráticos, señalando que el matrimonio gobernante ha abandonado cualquier apariencia de consentimiento popular y exigiendo a la comunidad internacional ejercer la máxima presión diplomática.
En la misma línea, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica expresó su profunda preocupación por el cierre sistemático de espacios cívicos, mientras que los grupos opositores nicaragüenses clamaron por un respaldo global urgente para frenar la impunidad del régimen.
