La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este viernes por unanimidad una resolución en la que exige al Gobierno de Nicaragua restablecer las condiciones necesarias para celebrar elecciones libres, justas e inclusivas, además de disponer la liberación inmediata e incondicional de las personas detenidas por motivos políticos.
La decisión fue adoptada durante una reunión extraordinaria de cancilleres celebrada en Washington, convocada para analizar la situación política y de derechos humanos en Nicaragua. La reunión representa el primer encuentro de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA dedicado a este tema en siete años.
Entre las medidas planteadas también se encuentra el restablecimiento de la separación de poderes, el cese de la persecución contra opositores, periodistas y defensores de derechos humanos, así como la divulgación del paradero de personas desaparecidas.
La resolución solicita además que se revierta la privación arbitraria de nacionalidad y se restituyan los derechos de las personas que fueron despojadas de su ciudadanía. Estas demandas coinciden con llamados realizados previamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas.
Como parte de la respuesta diplomática, la OEA acordó crear un grupo de trabajo encargado de establecer contactos con las autoridades nicaragüenses y personas en el exilio, con el objetivo de comunicar las demandas del organismo y posteriormente formular recomendaciones sobre posibles acciones.
La resolución, sin embargo, no contempla sanciones concretas contra el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Nicaragua abandonó formalmente la OEA en 2023, pero el organismo continúa siendo un espacio para coordinar respuestas diplomáticas entre los Estados del continente.
La decisión se produce en medio de una creciente preocupación internacional por la situación política nicaragüense. La CIDH y el Grupo de Expertos de la ONU habían advertido un día antes sobre detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, privaciones de nacionalidad y otras violaciones de derechos humanos, y pidieron a los países miembros de la OEA colocar estos asuntos en el centro de sus deliberaciones.
