El Gobierno del presidente Donald Trump ha deportado a aproximadamente 980.000 personas desde el inicio de su segundo mandato presidencial, de acuerdo con un exhaustivo estudio publicado por el Migration Policy Institute (MPI). El informe documenta los contundentes efectos directos de la política migratoria de «mano dura» promovida por la Casa Blanca, en un contexto caracterizado por la falta de transparencia oficial, ya que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha suspendido la difusión pública periódica de sus estadísticas institucionales.
El análisis abarca el período comprendido entre el 20 de enero de 2025 fecha en que el mandatario asumió formalmente el cargo y el 31 de julio de 2026. Ante el cese de publicaciones oficiales por parte del DHS desde comienzos de 2025, los investigadores del MPI recopilaron la información recurriendo a datos públicos obtenidos a través de solicitudes amparadas en la Ley de Libertad de Información (FOIA). La cifra total confirma un avance sostenido hacia el objetivo prometido por la Administración Trump de ejecutar «la mayor operación de deportación» en la historia de los Estados Unidos, cuyo propósito central apunta a alcanzar la meta de un millón de deportaciones al año.
Según el desglose del reporte, las repatriaciones fueron ejecutadas de manera conjunta por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Si estas métricas se evalúan en función del año fiscal estadounidense (que abarca desde octubre hasta septiembre), la cadencia operativa actual equivale a una proyección de unas 620.000 deportaciones registradas durante el año fiscal 2025 y aproximadamente 660.000 proyectadas para el año fiscal 2026.
A pesar de que los cruces irregulares en la frontera sur con México registran niveles mínimos históricos, el 69 % de las deportaciones totales ha correspondido a personas interceptadas en la franja fronteriza. Dentro de esta categoría, cerca de 340.000 migrantes fueron devueltos de forma directa por agentes de la CBP, mientras que una cantidad similar (340.000 personas) fue aprehendida en la frontera y posteriormente deportada por el ICE tras ser procesada administrativamente dentro del territorio nacional.
Por otra parte, el 31 % restante de las expulsiones que representa a unas 300.000 personas correspondió a inmigrantes arrestados en el interior de Estados Unidos. Se trata de personas que, en su gran mayoría, contaban con varios años de arraigo y residencia en distintas comunidades norteamericanas.
Los arrestos comunitarios e industriales, ampliamente promovidos por el Gobierno federal mediante videos publicitarios en redes sociales y grandes despliegues de fuerzas federales en ciudades como Chicago o Minneapolis, han registrado un acelerado incremento. En 2025, las detenciones internas representaban el 28 % del total de deportaciones; sin embargo, ascendieron al 34 % durante el primer semestre de 2026 y alcanzaron el 39 % tan solo en el mes de julio. Asimismo, el promedio mensual de arrestos en el interior subió drásticamente de 8.000 durante los primeros tres meses del mandato a un promedio de 19.000 entre mayo y julio de 2026.
El estudio del MPI resalta además una notable brecha entre la narrativa gubernamental y la realidad operativa reflejada en las cifras. Descontando las devoluciones inmediatas realizadas por la CBP en la frontera, el 61 % de las personas expulsadas por el ICE (unas 390.000) registraba una permanencia continua de al menos dos años en el país. Incluso, un 15 % del total (90.000 personas) acumulaba una década o más viviendo en suelo estadounidense.
Respecto al perfil judicial de los deportados, los datos contradicen de forma directa los discursos oficiales de la Casa Blanca, que han sostenido que la prioridad de los operativos es expulsar a delincuentes catalogados por las autoridades como «lo peor de lo peor». El informe evidencia que el 71 % de los deportados con al menos dos años de residencia (280.000 personas) no contaba con ninguna condena penal. De igual forma, entre aquellos que llevaban una década o más residiendo en Estados Unidos, el 61 % (57.000 personas) carecía por completo de antecedentes criminales.
En el cómputo general de las 980.000 personas deportadas hasta la fecha del informe, únicamente el 20 % (aproximadamente 190.000 individuos) correspondía a personas que contaban con una condena previa por algún tipo de delito, dejando en evidencia que la gran mayoría de los afectados por las redadas carecía de antecedentes judiciales.
