En una de las postales más significativas para la historia judicial contemporánea de Centroamérica, el exmandatario salvadoreño Elías Antonio Saca (2004-2009) oficializó este jueves su retorno a la libertad tras presentarse ante los tribunales de San Salvador. Acompañado por su equipo defensor encabezado por el abogado Mario Machado, el ex jefe de Estado completó el trámite procesal para recibir su boleta de excarcelación, amparado en el cumplimiento íntegro de la pena de diez años a la que fue sentenciado por cargos de malversación y lavado de capitales.
Saca, quien arribó a la sede judicial acompañado de su exsecretario privado Elmer Charlaix —también condenado a una década de reclusión en la misma trama de corrupción—, expresó escuetamente su gratitud ante los medios de comunicación apostados en el recinto tras finiquitar la diligencia legal.
El exgobernante, otrora figura de gran arrastre político bajo la bandera de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), marcó un hito en la democracia salvadoreña al convertirse en el primer exmandatario juzgado y condenado por corrupción sistemática, abriendo un ciclo de procesos penales contra altos cargos que posteriormente alcanzaría a otras administraciones.
Confesión de los desvíos, pacto con la Fiscalía y las cuentas pendientes
El periplo judicial de Saca comenzó en octubre de 2016 y quedó marcado por revelaciones sin precedentes sobre el manejo discrecional de los recursos públicos:
- Juicio abreviado y confesión: Para evitar una sanción privativa de libertad mucho mayor, el exmandatario pactó con la Fiscalía General de la República (FGR) en septiembre de 2018, admitiendo ante tres jueces haber desviado más de 300 millones de dólares de la partida secreta presidencial.
- Mecanismos de opacidad: Durante el juicio, Saca reconoció haber emitido normativas internas para catalogar como secreto de Estado los movimientos de dinero, aprovechando los exiguos controles institucionales y la superficialidad de las auditorías para transferir fondos públicos hacia trece cuentas particulares de sus colaboradores.
- Causas adicionales: Aunque concluyó la pena principal de diez años —a la cual se le computó el tiempo transcurrido en prisión preventiva desde su captura—, el exgobernante enfrentó condenas conexas en 2019 por delitos de cohecho y una sentencia civil por la restitución de seis millones de dólares procedentes de fondos de cooperación de Taiwán.
Con su salida de prisión, se cierra formalmente el capítulo punitivo principal del juicio por corrupción más sonado de la historia democrática reciente de El Salvador.
