En un esfuerzo por contener la creciente ola de extorsiones y crimen organizado que afecta al territorio peruano, la mandataria de Perú, Keiko Fujimori, oficializó una visita de Estado a El Salvador para el próximo 29 de octubre, donde sostendrá una cumbre bilateral con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele.
El anuncio fue realizado por la jefa de Estado durante un enlace en directo en la plataforma TikTok junto al canciller Carlos Espá, ratificando la invitación formal extendida por la Presidencia salvadoreña. El ministro de Relaciones Exteriores precisó que las agendas bilaterales se encuentran en fase de articulación diplomática, proyectando un diálogo enfocado en la contención de estructuras delictivas transnacionales.
El acercamiento responde a la prioridad del Ejecutivo peruano de abordar el colapso de su sistema penitenciario —que alberga a cerca de 100,000 internos en infraestructuras diseñadas para 40,000— y de replicar esquemas efectivos de contención frente a las pandillas y mafias dedicadas a la extorsión comercial.
Cooperación bilateral e intercambio de experiencias tácticas
La cumbre en San Salvador se sumará al interés manifestado previamente por otros líderes latinoamericanos, como el presidente chileno José Antonio Kast, quienes han acudido al país centroamericano para examinar las políticas públicas de seguridad:
- Abordaje del crimen transnacional: Intercambio de inteligencia sobre la operatividad de redes delictivas que cruzan fronteras en la región.
- Modelo penitenciario y de contención: Evaluación de la infraestructura carcelaria y los esquemas de detención aplicados por la administración de Bukele.
- Aporte histórico peruano: La delegación de Lima expondrá las lecciones aprendidas en la pacificación nacional y el desmantelamiento de grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA.
- Trámite legislativo: La comitiva presidencial requerirá la aprobación previa del Senado peruano para oficializar el desplazamiento al exterior.
Con esta cita, la administración peruana busca afianzar alianzas internacionales que respalden sus propuestas de reforma en seguridad y modernización carcelaria.
