
El gobierno de Nayib Bukele puso en vigencia una reforma legal que permite condenar a cadena perpetua a personas desde los 12 años por delitos como homicidio, feminicidio, violación o vínculos con organizaciones criminales, sin posibilidad de discrecionalidad judicial en la sentencia.
La normativa, aprobada por la Asamblea Legislativa de El Salvador, modifica el sistema penal juvenil al establecer que los menores entre 12 y 18 años recibirán las mismas penas que los adultos, con opción de revisión únicamente después de 25 años de cumplimiento.
Además, las reformas contemplan que adolescentes vinculados al crimen organizado sean juzgados en tribunales especializados y permanezcan en centros penitenciarios para adultos, mientras se redefine el concepto de terrorismo y se endurecen las penas para cómplices, en el marco de la estrategia de seguridad impulsada bajo el régimen de excepción.