Una coalición integrada por ocho organizaciones educativas, universidades y sindicatos interpuso una demanda formal ante un tribunal federal de Massachusetts con el objetivo de bloquear una nueva regulación de la Administración de Donald Trump. La norma busca eliminar el estatus de «duración de estancia» y fijar límites estrictos de tiempo a los visados para estudiantes universitarios (F), participantes de intercambio cultural (J) y prensa extranjera (I).
La medida, cuya entrada en vigor está programada para el próximo 15 de septiembre, establece un periodo máximo de residencia legal de hasta cuatro años para estudiantes y académicos. En el caso de los corresponsales de medios internacionales, la estadía quedará reducida a un máximo de 240 días, con restricciones aún más severas para los periodistas con pasaporte chino, cuyo límite se fija en 90 días.
Los demandantes sostienen que la disposición viola la Ley de Procedimiento Administrativo al omitir una evaluación adecuada del impacto económico y social, además de restringir severamente la libertad de prensa y desincentivar la llegada de talento internacional a los campus y medios estadounidenses. Fanta Aw, directiva de la Asociación de Educadores Internacionales (NAFSA), advirtió que la norma generará graves perjuicios a la economía y a la educación superior de los Estados Unidos.
