La Corte Suprema de Justicia de Argentina dejó sin efecto una medida cautelar contra el artículo 154 de la Ley de Tierras, permitiendo nuevamente que personas y empresas extranjeras adquieran terrenos en el país, con la única excepción de las zonas fronterizas.
El recurso original había sido interpuesto por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, pero el máximo tribunal determinó que la demanda carecía de un perjuicio concreto y directo a la soberanía nacional, decidiendo desestimarla y revocar la prohibición vigente.
Esta resolución judicial tomó por sorpresa a la administración del presidente Javier Milei y generó fuerte incomodidad en la Casa Rosada. Según análisis de medios locales como Clarín, el fallo reabre un flanco político muy sensible y revive discusiones sobre la soberanía en un momento cruzado por la causa Malvinas y con miras a las próximas elecciones presidenciales de 2027, un tema que el Ejecutivo prefería mantener fuera del centro de la agenda pública tras haber logrado aplacar el descontento ciudadano previo.
Fuentes del entorno del principal asesor presidencial, Santiago Caputo, admitieron que la decisión judicial perjudica al Gobierno al meterlo nuevamente en un debate de alto costo político y poner en riesgo la estabilidad de otras normativas clave como el Decreto 70 ante la resistencia en la Cámara de Diputados.
Además, este contratiempo político coincide con los preparativos oficiales para la histórica visita del papa León XIV a la Argentina, programada para el mes de noviembre, mientras el mandatario cumple con una gira internacional que incluyó reuniones en Francia con su homólogo Emmanuel Macron y con inversionistas extranjeros.
Las reacciones desde la oposición no se hicieron esperar y llegaron cargadas de duras críticas hacia la administración libertaria.
El diputado opositor Juan Grabois cuestionó duramente la decisión del tribunal y la calificó como un golpe a la democracia, mientras que la excandidata presidencial Myriam Bregman acusó al oficialismo de tener una doble moral al pregonar la defensa de las Malvinas mientras facilita la entrega de recursos del continente. Ambos dirigentes apuntaron contra la coherencia política del Gobierno en materia de soberanía nacional.
Este escenario judicial rememora los intentos del propio gobierno de Milei por modificar el régimen de venta de tierras a extranjeros a comienzos de 2026 mediante el proyecto de ley de ‘inviolabilidad’ de la propiedad privada, el cual buscaba atraer inversiones extranjeras. Sin embargo, ante el fuerte rechazo social generado, la propia bancada oficialista en el Senado se vio obligada a eliminar el capítulo más polémico de la iniciativa en agosto pasado, evidenciando la alta sensibilidad social que este tema continua despertando en el país.
