En lo que representa un giro inesperado dentro de su política de mano dura, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este martes que su administración evalúa un plan de liberación «anticipada» y «condicional» que beneficiaría a cerca del 50 % de las personas privadas de libertad durante el régimen de excepción implementado en su ofensiva contra el crimen organizado.
«Tenemos un plan que beneficiaría más o menos a un 50 % de los presos que hay en El Salvador que fueron colaboradores con las pandillas; tendrán una liberación anticipada», sorprendió Bukele en medio de una conferencia de prensa enfocada inicialmente en inversiones españolas.
El mandatario argumentó que, si bien se trata de personas «culpables», podrían salir bajo condición tras realizar una revisión minuciosa del contexto en el que cometieron los ilícitos por los cuales permanecen encarcelados.
El anuncio se produce tras cuatro años de vigencia del régimen de excepción, una medida que, aunque logró reducir la criminalidad a mínimos históricos, ha dejado alrededor de 93.000 personas encarceladas y acumula severas denuncias internacionales.
Organismos de derechos humanos, la ONG Socorro Jurídico y expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han advertido sobre detenciones arbitrarias calificadas como crímenes de lesa humanidad. Socorro Jurídico calcula que al menos 30.000 de los recluidos son inocentes y alerta sobre un alto número de fallecimientos bajo custodia estatal.
Previo a las declaraciones del presidente, su hermano Ibrajim Bukele reveló en redes sociales la existencia de una «comisión independiente» respaldada por el Despacho de la Primera Dama, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y Centros Penales para evaluar casos. Al respecto, el mandatario admitió que su gabinete ya ha liberado a unas 8.000 personas como parte de un «margen de error» de las operaciones.
Sin embargo, voces críticas no tardaron en reaccionar. Desde el exilio, Abraham Ábrego, director legal de la ONG Cristosal, señaló que evaluar la inocencia de las víctimas es un reclamo histórico, pero cuestionó que Bukele catalogue a priori a los posibles beneficiarios como «colaboradores de pandillas» en lugar de reconocer la presencia de inocentes en prisión, recordando que la determinación de culpabilidades compete al Poder Judicial y no al Ejecutivo.
Hasta el momento, el mandatario no ha especificado la fecha de inicio del programa ni los criterios técnicos precisos para otorgar el beneficio condicional.
