El Poder Ejecutivo de los Estados Unidos ha acelerado la implementación de reformas estructurales orientadas a limitar de forma severa la permanencia legal de ciudadanos extranjeros en su territorio. La Casa Blanca publicará esta semana en el Registro Federal dos nuevas normativas regulatorias que buscan robustecer los controles fronterizos y reducir los márgenes de regularización migratoria.
El nuevo marco normativo otorga facultades discrecionales ampliadas a los agentes de la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración para evaluar cada solicitud de forma individualizada. La primera gran reforma, que entrará en vigor el próximo 18 de septiembre, penaliza a los solicitantes de la residencia permanente o «green card» que sean catalogados como una potencial «carga pública».
Bajo esta directriz, se denegará el estatus a los extranjeros que hayan gestionado o dependan de programas de asistencia social estatal, tales como subsidios de alimentación, vivienda, Medicaid o el Seguro Médico para Niños. De manera paralela, el Departamento de Seguridad Nacional anunció una reducción drástica en la vigencia temporal de los visados de no inmigrante para sectores académicos y de prensa internacional.
