A 30 días de las elecciones, los hondureños nos aprestamos a acudir a las urnas para darnos un nuevo gobierno a partir de enero del 2026. Todas las instituciones tienen el deber de salvaguardar el evento más importante, al que los ciudadanos por ley estamos obligados a acudir para seleccionar a las nuevas autoridades que habrán de regir los destinos de Honduras por los próximos cuatro años. Ningún ciudadano debe permanecer indiferente a este deber moral y cívico. Quien lo haga, deberá saber que no solo estará faltando consigo mismo, a su familia, sino especialmente al país donde hemos nacido, y con el que tenemos el sagrado compromiso de garantizarle nuestra entrega incondicional para coadyuvar a la convivencia democrática.
Si los ciudadanos estamos comprometidos hasta la medula, lo están también las personas que están al frente de las instituciones que tienen el mandato constitucional de garantizar el desarrollo de las elecciones en forma limpia y transparente, entre ellas, en primera fila están las FFAA, hoy, infortunadamente bajo la conducción de Roosevelt Hernández, han perdido calidad moral para ser consideradas guardianes del evento electoral, al declararse Roosevelt Hernández un militante político, que desdice su condición de jefe del Estado Mayor al actuar como un militante más del partido de gobierno PLR. No obstante, este lamentable episodio que hoy viven las FFAA por estar dirigidas por un oficial que se entregó a la causa política del gobierno y del partido gobernante, en la institución castrense regida por una disciplina de mando que emana desde el más alto cargo, hay una extensa oficialidad que no está obligada a acatar ordenes de un jefe que violan la Constitución de la República, pudiendo exigir desde sus posiciones, una rectificación ineludible. Están amparados en el precepto constitucional que establece que nadie está obligado a acatar ordenes que van en perjuicio del país y en contra de la Constitución de la República. Cualquier sanción en este sentido podrá ser revertida en el momento que la justicia ponga las cosas en su lugar.
Desearíamos que las FFAA, en apego a la ley, tenga una rectificación honrosa, y que, haciendo lo contrario de lo malo que hizo el pasado 9 de marzo, esta vez cumpla con su deber conforme se lo ordena la Constitución y en lugar de entorpecer la entrega de las urnas, actúen honrosamente como lo hicieron en anteriores ocasiones, especialmente en los procesos electorales que siguieron a la reinstauración del orden institucional. A partir de 1982, los militares que habían sufrido un enorme desgaste por haberse involucrado en la actividad política, bajo la conducción del Gral. Policarpo Paz García, se retiraron a sus cuarteles y se convirtieron en garantes de los procesos electorales, caso contrario en la actualidad, cuando Roosevelt Hernández se ha declarado abiertamente militante político del partido gobernante al servicio del Gobierno de Xiomara Castro. A partir de 1982, las FFAA se distanciaron de la actividad política ganándose la confianza de la ciudadanía, hasta que asume Roosevelt Hernández, quien no ha tenido empacho para esconder su interés político en el proyecto a perpetuidad del PLR.
Otra institución que ha hecho renacer la confianza es la UNAH, que, al estar rectorada por el Lic. Odir Fernández, por ascender al más alto cargo universitario con el patrocinio del Partido LIBRE, apoyado directamente por Carlos Zelaya, se mostraba como una universidad domeñada por el gobierno y el partido gobernante. Sus últimos dos pronunciamientos responden a la posición que debe mantener el Alma Mater, en primer lugar al rechazar la pretensión de Roosevelt Hernández que el CNE le transmita copia de las actas electorales del nivel presidencial, petición insólita como inaceptable. Un dictamen emitido por la UNAH se ha pronunciado en forma directa, expresando que la petición de las FFAA no procede por contrariar el precepto constitucional que establece las obligaciones de las FFAA en las elecciones, donde no se contempla ninguna participación de la entidad militar en algo relacionado con el escrutinio electoral.
No se concibe que el Ministerio Público se preste para tomar acciones contra magistrados del TJE y del CNE, cuya condición en ambos casos es la de magistrados, con un nivel que resulta superior al Ministerio Público, en donde el fiscal general ha abandonado su investidura para actuar como sirviente del gobierno y del partido gobernante, Cualquier iniciativa del fiscal general en contra de magistrados del TJE y el CNE será en menoscabo de la democracia y de la Constitución. Si el fiscal general se atreviera a pedir órdenes de captura en contra de ambos magistrados, estará socavando la democracia por lo que su nombre aparecerá en la Lista Clinton y la Lista Engel de la justicia estadounidense, pronto objeto de extradición en cualquier momento por la justicia de EEUU.
En síntesis, lo que los hondureños esperamos de las instituciones es que sus responsables actúen en apego a la Constitución y demas leyes, que no permitan que se les instrumentalice para conseguir objetivos politicos partidarios y particulares. Los funcionarios que atenten contra los magistrados del CNE y del TJE serán responsables de socavar la democracia y atentar contra la forma democrática de gobierno. Lo correcto es que tanto los que gobiernan como los que aspiran a sucederles en los cargos, se comporten como politicos comprometidos con Honduras. Los que han violado la ley por usurpar funciones deberán atenerse a las consecuencias, los demas deben aceptar las reglas de la democracia: ganar en buena lid y si pierden, apostar por seguir en la lucha política, la que no debe basarse en venganzas y en persecuciones, porque si caminamos en esa dirección, estaremos condenando a Honduras a vivir en un clima de desasosiego social, que en nada beneficia a Honduras.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy viernes 31 de octubre de 2025.