
Las reformas penales aprobadas entre septiembre y octubre de este año para combatir las pandillas y organizaciones criminales, ha dividido parcialmente a la opinión pública, sobre si el Congreso debe escuchar o no al Poder Judicial y a la ONU, para no incurrir en violaciones de los derechos humanos de los pandilleros.Las reformas hacen mella en cuanto a los allanamientos sin oden judicial, con poderes ampliados para los policias de la fuerza élite penitenciaria. En cuanto al argumento de soberanía y separación de poderes, hay que interpretar correctamente: el congreso legisla, la corte aplica la ley. En mi criterio, en este caso no se trata de desoír, se trata de ejercer la competencia. El art. 59 de la Constitución establece que el fin supremo es la persona humana, y el primer derecho humano es la vida. Si hay 10 o 12 homicidios diarios, el Estado está obligado a proteger a la mayoría.
La Corte Suprema en estos momentos, como está funcionando, no es referente de «ejemplaridad de justicía», sin duda que es uno de los entes más cuestonados por sus decisiones profundamente politizadas, de alli que sus cuestionamientos respecto a las implicaciones de las reformas penales aprobadas en el Congreso, no son atinentes propiamente a la salvaguarda de los derechos de los detenidos, sino más bien argumentos para limitar las decisiones del Congreso, presidido por el diputado nacionalista Tomás Zambrano. El aegumento de la independencia de poderes no es «cada poder hace lo que quiere», el clásico estribillo de los frenos y contrapesos. Solo que en esta ocasión lo que está en juego no es que un poder se crea más poderoso que el otro. Está en juego el derecho a la vida de los hondurreños que no es respetado por los grupos antisociales.

La ONU señala que las reformas penales pueden reducir los homicidios, pero sin una investigación criminal fuerte, sin depurar la policia y asegurar las prisiones, el efecto rebota. Si el sistema penal no respeta el debido proceso, los jueces pueden anular los casos y se perderá todo el esfuerzo. Honduras tiene la variable del narcotráfico que El Salvador tiene pero en menor cantidad. Si nos ponemos a examinar que es lo que más afectará al pueblo hondureño: por un lado, las reformas penales que procuran de manera urgente la seguridad ciudadana, y por el otro, la reforma de excepción que garantiza los procedimientos procesales, sin duda que la ciudadanía lo que demanda son las medidas, como sean,que le ayuden a preservar la vida.
Aqui hay una pregunta que es necesario formular: ¿cabe que el Congreso reforme la ley penal desoyendo a la Corte Suprema y a un organismo como la ONU, caracterizado por entronizar burocracias despreocupadas por los problemas de las personas? A mi juicio, si cabe. El congreso es el único organo con capacidad y autoridad para legislar. Las opiniones de la Corte Suprema, en dictámen previo, y organismos de la ONU, son de carácter consultivo pero no son vinculantes. El control es a posteriori, cuando alguien demanda, la Sala Constitucional suele resolver meses después los recursos.
Viene otra pregunta insoslayable: cabe anteponer la seguridad de las personas a los derechos humanos de los antisociales? Aqui choca la doctrina. El art. 59 de la Constitución dice que la persona humana es el fin supremo. Y resulta que el primer derecho humano es la vida de la persona. La ONU dice que ni en la guerra se puede suspender la presunción de inocencia. Una teoria que termina por abonar el poder de quienes no respetan los derechos humanos de miles de inocentes. Hay convenciones que se apegan a estas teorias que priorizan los derechos humanos por encima de la preservación de la vida de las personas. Y por eso surge otra pregunta: ¿cabe actuar apegados rigurosamente a la moral y las buenas costumbres cuando se trata de combatir a los elementos antisociales que no respetan el derecho a la vida de las personas? Esta es la pregunta central que divide a los gobiernos y a ciertos sectores de opinión pública, cuando el Estado decide enfrentar a las maras.¿ Puede el Estado pelear con las reglas que favorecen a quienes no respetan ninguna regla?
La moral del Estado no es la moral del individuo. Maquiavelo y Max Weber sostenían que el político tiene la ética de la responsabilidad, más no de la convicción. La conclusión que podemos sacar es que el deber del Estado es proteger la vida de los 10 millones de hondureños, aunque tenga que restringir los derechos a unos 10 mil antisociales que viven de matar a inocentes. La Constitución prevé la dureza en este caso: si bien en el art 82 está el derecho a la defensa, en el art. 61 se establece que nadie puede atentar contra la vida y la seguridad de otra persona. Cuando un antisocial cobra extorsión amenazando con matar a un inocente, en ese momento rompe el pacto social.
La conclusión práctica sobre este asunto es: la moral del Estado no puede medirse con la misma vara que la moral del criminal. El Estado no mata por venganza, el Estado debe aplicar la ley con proporcionalidad y rigor para proteger a la mayoría honrada frente a una minoría que ha decidido vivir fuera del pacto social, extorsionando, asesinando y atemorizando. Los datos de varios organismos indican que la extorsión subió a 300%, y la mayor parte de los causantes no llegan a ser enjuiciados. Entonces, si el Estado hondureño sigue apegado a la moral que nos exige un organismo inmoral como la ONU, los hondureños podrían terminar haciendo justicia por su propia mano. Y eso sería lo más inmoral. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy lunes 16 de noviembre 2026