El desvío de 2 mil millones de lempiras de la cuenta de la Tesorería del programa de reducción de pérdidas, que es el corazón de la crisis de la ENEE, es una violación a la Ley Orgánica del Presupuesto de la República, y aunque se excuse que semejante suma desviada, se usó para gasto corriente y pago de generadores, puede incluso caer en la tipificación de malversación de caudales públicos, conforme el artículo 470 del Código Penal. Esto es así, porque si un funcionario a sabiendas, le da a fondos públicos, específicamente destinados a un fin, un destino diferente al aisgnado por el Congreso Nacional, hay penas y graves consecuencias. El TSC debe considerarla como una irregularidad grave, porque se usaron fondos de inversión para reducir pérdidas, en atender pagos a generadores.
Aunque se diga que el dinero se usó para pagar deudas, le hicieron daño a la ENEE, porque al no invertir en reducir el 38% de las pérdidas, ese acto irresponsable contribuyó a que la ENEE agigantara sus pérdidas, al menos en 800 millones de lempiras al mes. Esto sería como pagar la tarjeta de crédito con el dinero que se debía usar en una operación delicada para salvar la vida. El TSC ha revelado que el gobierno de Xiomara Castro tomó 2 mil millones de lempiras que debía usarse para frenar las pérdidas y el robo de energía, en su lugar, para ser empleados en pagar deudas a los generadores. Las deudas a los generadores se pagaron, pero a un costo que agravó la crisis de la ENEE, con lo que las pérdidas fueron en aumento y lo pagamos los hondureños mediante una tarifa altísima. Esto deja muy claro: el gobierno del PLR no invirtió en reducir las pérdidas de la ENEE, y ahora el gobierno de Asfura tiene que congelar la tarifa por la nueva ley.
De acuerdo a datos que nos fueron proporcionados por una fuente calificada del TSC, el período auditado corresponde desde el 1 de julio 2022 al 31de diciembre 2024 del gobierno del PLR. El desvío de los 2 mil millones de lempiras se hizo el 4 de Julio 2023, trasladando 2000 millones de lempirs desde la cuenta única de la tesorería del programa nacional de reducción de pérdidas hacia la libreta principal de la ENEE, con la excusa de cubrir servicios de deuda y pago a generadores. Lo registraron como préstamo puente, pero al cierre del 2024, todavía faltaban por devolver 834 millones de lempiras. Sin embargo, de acuerdo a la auditoría, el programa antipérdidas de la ENEE solo recuperó el 34% de los 2 mil millones. Esto no se puede calificar como un robo, pero indiscutiblemente es un desvío ilegal confirmado por el TSC.
A través de este tipo de operaciones se han hecho verdaderas diabluras con los dineros públicos, y los ciudadanos podríamos pedir al Congreso Nacional que nombre una comisión investigadora para deducir responsabilidades al gobierno anterior, o directamente, plantear al MInisterio Público, que solicite al TSC la auditoriía realizada por esta operació, que fué ilegal a todas luces. El PLR fué un crítico y opositor férreo a las reformas de la ley de energía, y ahora podemos colegir que esa obstinación del PLR tenía una poderosa razón: el desorden en que se encontraba la ENEE era el escenario conveniente para meterle manos a los fondos de la empresa y hacer lo que querían cuando se les ocurría.
Este es un caso grave, igual que en el pasado fué el saqueo del seguro social o la compra amañada de hospitales móviles, por ambos casos hay varias personas guardando prisión y otras, prófugas de la justicia, con su vida y las de sus familias, completamente arruinadas. Cuando hay trasiegos multimillonarios de dinero público, como en este caso, y se comprueba que hubo beneficios para terceros, puede considerarse como fraude y abuso de autoridad, de acuerdo al contenido del art. 470 del código penal, en el que se tipifican acciones como estás, como una malversación de caudales públicos, lo que corresponde calificar al TSC.
En lo operativo, al dejarse de invertir en la reducción de pérdidas, la ENEE dejó de comprar medidores, transformadores y todo equipo anti hurto de energía. Al ser desviados 2000 millones de lempiras, perpetuó el siguiente círculo: más pérdidas, igual a más deuda, igual a tarifa más alta para los abonados que si pagamos. Ponemos de ejemplo: si me asignan dinero para tapar las goteras de la casa, pero en lugar hacer ese trabajo lo gasto en pintar la casa, el resultado es que la casa se va a seguir inundando. Preguntamos al TSC, ¿quién autorizó el cambio del destino de los fondos del programa antipérdidas de la ENEE en SIAFI, y conque dictámen legal?
Porque en SIAFI, toda operación deja huella. Si hubo una modificación presupuestaria firmada, alli están los responsables. Como fué el TSC el que reveló la operación irregular en el gobierno del PLR, no puede decirse que el dinero desapareció en una carretilla, como en la operación del carretillazo. Los del gobierno del PLR tienen suficiente experiencias en estos ajetreos, que en el ámbito de este partido antidemocrático, se le conoce como «bicicleteo financiero», es decir, tapar un hoyo, abriendo otro. Por eso el TSC todavía no lo califica de malversación, pero hay indicios de responsabilidad por una irregularidad grave, porque la ley prohibe usar fondos de inversión para cubrir gasto corriente sin autorización del congreso nacional. Fué un daño patrimonial causado a la ENEE. Porque al no invertir en reducir el 38% de pérdidas, la ENEE siguió perdiendo a un ritmo de 800 millone de lempiras cada mes, unos 9600 millones de lempiras por año. Juzgue el pueblo si eso fué más que un delito en contra de la economía de Honduras. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy jueves 1 de octubre 2026
