En un pormenorizado informe técnico sobre la coyuntura macroeconómica, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) valoró como una medida de mitigación adecuada la absorción temporal del impuesto ACPV por L12.01 por galón de diésel anunciada por el Gobierno. No obstante, la máxima casa de estudios alertó que los paliativos estatales no resuelven el problema de fondo: una vulnerabilidad estructural frente a las fluctuaciones del mercado petrolero internacional, donde el país carece de capacidad de fijación de precios.
Las cifras institucionales reflejan la severidad de la crisis del transporte y la energía durante el presente año. En la capital, el galón de diésel experimentó una escalada del 82% entre enero y octubre, pasando de L84.36 a L153.53, mientras que la gasolina regular acumuló un alza del 53%. Esta espiral afectó de forma directa la canasta básica; para agosto de 2026, el rubro de alimentos y servicios energéticos registraba un incremento interanual del 10%, contrastando con la inflación general del 2.3% en el resto de los bienes.
El diagnóstico universitario enfatiza que la factura petrolera absorbió US$2,380 millones en 2025 —cerca del 6% del Producto Interno Bruto—, tendencia que se aceleró con un repunte del 19% en las importaciones de carburantes durante el primer cuatrimestre de 2026. Ante este escenario, la UNAH destaca que el subsidio al diésel es tácticamente correcto al impactar el transporte de carga y la producción agrícola, aunque su costo fiscal estimado en L369 millones para 30 días requiere la máxima transparencia de cómputo.
De la respuesta coyuntural a la planificación de largo plazo: La academia enfatiza que el país ha repetido patrones de respuesta improvisada en crisis pasadas como las de 2008 y 2022, urgiendo a trazar una hoja de ruta sostenible: Mecanismos de estabilización: Instituir reglas claras para la activación de fondos de contingencia sin comprometer partidas destinadas a necesidades sociales urgentes. Modernización del transporte: Apostar por la reforma integral del transporte colectivo y esquemas de planificación urbana que reduzcan los desplazamientos diarios de la población. Efecto multiplicador: La efectividad del subsidio al diésel en los precios finales de los alimentos dependerá de la fiscalización estatal para que los distribuidores trasladen realmente la contención de costos al consumidor.
