La reciente reestructuración del marco legal energético en Honduras comenzó a rendir sus primeros frutos en el ámbito financiero internacional. Organismos multilaterales y firmas privadas de inversión expresaron su respaldo a las reformas aprobadas por el Congreso Nacional, calificándolas como un paso decisivo para garantizar reglas claras, previsibilidad y competitividad en el mercado eléctrico del país.
Así lo confirmó el gerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Guillermo Peña Pating, al concluir una serie de reuniones de alto nivel en Nueva York. Según el funcionario, la banca internacional interpreta la adopción de la Ley de Justicia Energética como una señal contundente de apertura al desarrollo económico y a la certeza jurídica para el capital extranjero.
El pilar fundamental de esta normativa radica en la erradicación definitiva de las compras directas de energía, sustituyéndolas por subastas competitivas y licitaciones públicas internacionales. Asimismo, el texto legal contempla la división operativa de la estatal en tres sociedades independientes —generación, transmisión y distribución— resguardadas bajo una matriz donde el Estado conserva el total de las acciones, cerrando la puerta a cualquier esquema de privatización.
Modernización urgente y amortiguador tarifario Las proyecciones oficiales estiman que el sistema eléctrico nacional requiere una inyección financiera cercana a los 6,000 millones de dólares para sanear sus finanzas, reducir las pérdidas operativas y expandir la red de cobertura
