Exfuncionarios vinculados a la administración del partido Libertad y Refundación (Libre) admitieron que se ejecutaron más de 22.2 millones de lempiras en el programa presidencial Mártires de la Resistencia, durante poco más de dos años de gestión, según información proporcionada por exautoridades de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
De acuerdo con los datos expuestos, el programa identificó a 53 víctimas relacionadas con hechos del golpe de Estado de 2009 y los procesos electorales de 2013 y 2017, a cuyos familiares se les habrían otorgado desembolsos que superan los 350 mil lempiras por beneficiario, además de apoyos en áreas como educación, salud, vivienda, trabajo y reparación psicosocial.
Las cifras detallan una ejecución aproximada de 5.1 millones de lempiras en 2024 y alrededor de 16.7 millones en 2025, sumando el total ejecutado del programa en el periodo señalado.
Sin embargo, la Comisión Liquidadora del actual gobierno ha identificado posibles irregularidades en el manejo del programa, señalando que el Estado no puede realizar reparaciones por violaciones a derechos humanos sin una orden judicial nacional o internacional, por lo que el proceso de revisión continúa en curso.
El programa también contaba con componentes de becas estudiantiles, atención en salud y reparación económica integral, según los registros institucionales.
Por su parte, una exfuncionaria de Libre defendió la legalidad del proyecto, argumentando que existen sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que respaldan procesos de reparación a víctimas del golpe de Estado de 2009.
Mientras tanto, expertos en derechos humanos advierten que estos procesos deben cumplir requisitos internacionales mínimos, como informes de admisibilidad o de fondo emitidos por instancias competentes, para evitar discrecionalidad en la asignación de recursos públicos.
El nuevo gobierno, a través de la Procuraduría General de la República y la Comisión Liquidadora, mantiene abierta una investigación para determinar si hubo irregularidades administrativas o manejo indebido de fondos en este programa de reparación.
