La asignación y el uso de los recursos provenientes de la contribución especial destinada al combate a la criminalidad volvieron al centro del debate nacional tras las revelaciones emitidas por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). Durante la presentación de su más reciente informe de fiscalización, Nelson Castañeda, director de Justicia y Seguridad de la organización civil, lamentó profundamente que más de la mitad del presupuesto recaudado a través de la Tasa de Seguridad Poblacional continúe diluyéndose en gastos operativos corrientes, tales como el arrendamiento de vehículos y la alimentación de funcionarios.
El análisis financiero expuesto por la ASJ detalla que, durante el presente año, el mecanismo fiscal creado mediante el Decreto 105-2011 ha logrado recaudar una cifra aproximada de 5,882 millones de lempiras, producto del esfuerzo tributario que realizan los ciudadanos y el sistema financiero hondureño. Sin embargo, el desglose de la ejecución presupuestaria evidencia un desvío sustancial frente a los objetivos fundacionales del fondo, los cuales exigen una inversión prioritaria en tecnología, inteligencia y equipamiento táctico para desarticular estructuras delictivas.
Uno de los datos más alarmantes revelados en el informe indica que apenas cuatro de cada 100 lempiras recaudados se canalizan de manera efectiva hacia labores de investigación criminal. Como ejemplo crítico, Castañeda señaló que la Dirección de Investigación e Inteligencia mantiene para el período fiscal en curso una asignación estancada de 215 millones de lempiras —la misma cantidad recibida el año anterior—, a pesar de que la recaudación global muestra un incremento sostenido.
Ineficiencia presupuestaria, prioridades del Estado y fiscalización civil
El informe de la ASJ pone de relieve las principales distorsiones detectadas en el manejo de los fondos de seguridad:
- Gasto corriente desproporcionado: Más del 50 % de los recursos se consumen en logística administrativa, alquileres y viáticos en lugar de fortalecer las capacidades operativas de los cuerpos policiales.
- Marginalización de la investigación: El bajísimo porcentaje destinado a la investigación criminal frena la capacidad del Estado para judicializar y condenar con pruebas científicas a las redes del crimen organizado.
- Estancamiento presupuestario: Instituciones clave de inteligencia policial conservan presupuestos congelados pese a la bonanza en la recaudación de la contribución especial.
Desde la sociedad civil se insiste en la urgencia de reorientar el gasto hacia la prevención estratégica y la modernización de los operadores de justicia, garantizando que el sacrificio fiscal de los contribuyentes se traduzca en resultados tangibles contra la violencia en el país.
