
El Congreso Nacional de Honduras aprobó este martes, tras un extenso debate en tercer y último trámite legislativo, un robusto paquete de reformas legales orientado a fortalecer el sistema nacional de prevención, detección, investigación y persecución del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. El dictamen, plasmado en un documento de 80 páginas dividido en siete apartados, armoniza la legislación hondureña con las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Según explicó el diputado Mario Pérez, presidente de la comisión especial nombrada por el titular del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, el decreto final integró observaciones consensuadas con distintas bancadas parlamentarias. Legisladores como el liberal Marlon Lara destacaron que esta actualización normativa resulta determinante para evitar que Honduras ingrese a la denominada «lista gris» del GAFI, protegiendo así la operatividad de la banca nacional frente a posibles sanciones o cortes de relaciones por parte de bancos corresponsales extranjeros.

El decreto introduce modificaciones sustanciales a cuatro cuerpos legales vigentes: la Ley Especial contra el Lavado de Activos (Decreto 144-2014), la Ley para la Regulación de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD, Decreto 131-2014), la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito (Decreto 27-2010) y la Ley del Sistema Financiero (Decreto 129-2004). Este avance constituye el segundo gran eslabón legislativo en materia de transparencia financiera, sumándose a la Ley de Registro Centralizado de Beneficiario Final aprobada el pasado 16 de junio.
Criptomonedas, prohibición del de-risking y nuevo tope aduanero
Las disposiciones aprobadas transforman el panorama regulatorio para instituciones financieras, usuarios digitales y sectores comerciales estratégicos en el país:
- Regulación de activos virtuales: Se incorpora un nuevo capítulo en la Ley contra el Lavado de Activos y se crea el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (Repsav). Las plataformas de intercambio (exchanges) y billeteras de criptomonedas deberán verificar y transmitir la identidad de sus usuarios en toda la cadena de transacciones.
- Prohibición del de-risking bancario: El nuevo artículo 6-A impide que bancos, cooperativas y financieras cierren, bloqueen o nieguen servicios financieros de forma automática únicamente porque un cliente sea Persona Expuesta Políticamente (PEP), cuente con un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) o enfrente un requerimiento fiscal.
- Nuevo umbral en aduanas: El límite obligatorio para declarar dinero en efectivo o títulos valores al cruzar fronteras se incrementa de 10,000 a 15,000 dólares, ajustándose al estándar internacional vigente.
- Control a gremios y comercios: Abogados, notarios, contadores, agencias de bienes raíces y empresas dedicadas a la compraventa de vehículos quedan sujetos a protocolos estrictos de debida diligencia y reporte cuando gestionen operaciones financieras o corporativas.
Cambios en la privación de dominio y garantías procesales
En cuanto a la Ley de Privación de Dominio, la reforma a 12 artículos busca corregir el deterioro patrimonial que sufrieron numerosos inmuebles bajo custodia de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). El congresista de Libertad y Refundación (Libre), Marco Ramiro Lobo, resaltó como logros positivos la derogación de la presunción de ilicitud, la tutela al tercero de buena fe y el traslado de la carga de la prueba hacia el Ministerio Público. Además, se establece que en viviendas destinadas a domicilio familiar solo procederá el aseguramiento cautelar —privilegiando siempre la medida menos restrictiva— siempre que el inmueble no sea el sitio donde se ejecuta la actividad ilícita.