La directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (ASOPODEHU), Dina Meza, denunció públicamente este viernes la existencia de supuestos arreglos bajo la mesa orientados a blindar de la justicia al exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández. Según la defensora, estas maniobras buscarían evitar a toda costa que el expediente judicial avance hacia la etapa de juicio oral y público.
Las declaraciones de la representante de derechos humanos surgen tras confirmar que la Corte de Apelaciones mantiene paralizado, desde hace dos meses, el recurso interpuesto por la parte querellante.
Ante la prolongada falta de resolución, los querellantes presentaron un escrito formal solicitando a los magistrados que resuelvan la causa con celeridad y en estricto apego a los convenios e instrumentos internacionales que garantizan el derecho irrenunciable de las víctimas a acceder a una justicia pronta y efectiva.
Meza detalló que, al acudir a las ventanillas del tribunal de alzada para dar seguimiento al expediente, el personal judicial se limitó a informar que la causa continúa «en estudio» y que la emisión de un fallo dependerá de la carga laboral que enfrenten los magistrados.
Asimismo, denunció que las autoridades se negaron a facilitarle el nombre del magistrado ponente designado para redactar el proyecto de sentencia, situación que levantó serias sospechas en la organización sobre una posible filiación política afín al gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre).
“Entonces, aquí hay una situación que se está haciendo, acuerdos oscuros bajo la mesa para que este caso no llegue al juicio oral y público, y se condene al general”, aseveró categóricamente la directora de ASOPODEHU al cuestionar el manejo institucional del proceso.
La defensora de derechos humanos cuestionó duramente la estimación brindada por la Corte de Apelaciones, según la cual el fallo podría demorarse entre dos y cuatro meses adicionales. Para la dirigencia de ASOPODEHU, este plazo desproporcionado prolonga injustificadamente la espera de las víctimas y expone la causa a un evidente riesgo de impunidad.
Meza enfatizó que la relevancia de este proceso judicial trasciende a los periodistas directamente involucrados en la querella, puesto que el fondo del asunto guarda una relación directa con las garantías para el libre ejercicio de la libertad de expresión y de prensa en el territorio nacional. A su juicio, las dilaciones responderían a pactos de conveniencia política e intercambio de favores entre diversos sectores de poder.
Finalmente, la titular de ASOPODEHU advirtió que una sentencia condenatoria firme contra el exjefe militar sentaría un precedente judicial histórico en Honduras. Dicho antecedente resultaría fundamental para disuadir futuros abusos de poder por parte de altos mandos de las Fuerzas Armadas, efectivos de la Policía Nacional u otros funcionarios del Estado, abriendo un camino de respaldo institucional para las víctimas de agresiones a los derechos fundamentales.
