En medio de una profunda agitación social y económica, un bloque de diputados de oposición junto a disidentes del partido oficialista presentó este miércoles 4 de noviembre de 2026 una acusación formal para iniciar un proceso de juicio político contra el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y su vicepresidente, Pedro Alliana.
La iniciativa surge tras el escándalo derivado de la intervención y cierre del Ueno Bank, una medida que mantiene congeladas las cuentas de casi tres millones de ciudadanos y la liquidez de diversos organismos del Estado.
Los legisladores opositores Johanna Ortega, Raúl Benítez y Rocío Vallejo formalizaron la entrega del libelo acusatorio ante la Cámara de Diputados para activar el procedimiento recogido en el artículo 225 de la Constitución paraguaya. El diputado Mauricio Espínola, perteneciente a la facción disidente oficialista Añeteté del Partido Colorado, confirmó que se obtuvieron 35 firmas para respaldar el mecanismo legal e impulsar la convocatoria a una sesión extraordinaria con vistas a debatir la destitución.
El detonante de la crisis parlamentaria fue la decisión del Banco Central del Paraguay (BCP) de intervenir Ueno Bank debido a una severa e irreversible insuficiencia de capital. La entidad financiera opera con 2,9 millones de clientes en una nación de 6,1 millones de habitantes, por lo que la suspensión inmediata de sus operaciones provocó el cierre de sucursales y la paralización total de los ahorros.
La situación se agrava al constatarse que millonarios fondos públicos permanecen atrapados en la entidad bancaria, la cual destacaba por su fuerte presencia en el patrocinio de la liga local de fútbol y eventos de escala internacional como la cita local del Mundial de Rally.
La acusación acusa al mandatario de «mal desempeño de sus funciones», señalando presuntos conflictos de intereses y cuestionando la evolución de su patrimonio. Peña, quien asumió el cargo en 2023 para un período que concluye en 2028, mantuvo participaciones accionariales en el grupo controlador del banco hasta su desvinculación en 2025. «Dos de cada tres paraguayos hoy no pueden hacer uso de su dinero y el principal responsable es Santiago Peña, eso hasta sus aliados lo saben», aseveró contundentemente el diputado independiente Raúl Rubín.
De conseguir la aprobación en la Cámara Baja, el expediente pasará a la Cámara de Senadores, estamento encargado de constituirse en tribunal del juicio político y que requerirá 30 votos sobre un total de 45 escaños para consumar la destitución. El diputado Espínola advirtió sobre el impacto del colapso financiero y señaló que la crisis tendrá un costo muy elevado para el país y el oficialismo: «Si Santiago Peña no se va, el Partido Colorado tiene muy pocas chances de seguir en la conducción nacional de la república en el 2028».
