Las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) anunciaron nuevas medidas de control y supervisión en los centros penitenciarios del país, entre ellas cambios en la dirección de la cárcel de máxima seguridad ubicada en Ilama, Santa Bárbara, y la apertura de investigaciones para identificar a funcionarios que presuntamente colaboren con el ingreso de objetos ilícitos a los establecimientos carcelarios.
El director del INP, general Walter Amador, manifestó que las autoridades revisarán el funcionamiento de los centros penitenciarios y fortalecerán los mecanismos de vigilancia interna, con especial atención a las posibles redes de complicidad que permitan el ingreso de artículos prohibidos.
El funcionario advirtió que no se permitirá ninguna colaboración de empleados penitenciarios con estructuras delictivas y que cualquier irregularidad detectada será objeto de investigaciones para establecer responsabilidades administrativas y penales.
La advertencia se produce en el marco de las medidas orientadas a reforzar la seguridad en las cárceles hondureñas, reducir las posibilidades de comunicación y coordinación de actividades criminales desde el interior de los establecimientos y evitar que los privados de libertad mantengan acceso a objetos que puedan representar riesgos para la seguridad penitenciaria.
Reclusos de La Tolva estarán bajo régimen estricto
En relación con la población penitenciaria, las autoridades informaron que actualmente permanecen 1,245 privados de libertad en el centro penal de La Tolva, quienes, aunque no están clasificados formalmente como terroristas, son integrantes de maras y pandillas y estarán sujetos al mismo régimen de control establecido para este tipo de población.
La disposición busca mantener condiciones de vigilancia y disciplina dentro del establecimiento, considerando los riesgos de seguridad asociados con la presencia de integrantes de organizaciones criminales.
Por otra parte, se informó que la población penitenciaria a nivel nacional asciende aproximadamente a 19,515 personas privadas de libertad, de las cuales una parte permanece en centros bajo regímenes de mediana y mínima seguridad, con condiciones de tratamiento diferenciadas según su clasificación penitenciaria.
Las autoridades señalaron que las medidas de control deberán aplicarse considerando las características de cada establecimiento y el nivel de seguridad correspondiente.
Escáneres y tecnología para impedir el ingreso de ilícitos
Otro de los componentes de la estrategia penitenciaria es el fortalecimiento de los controles tecnológicos en los accesos a las cárceles.
De acuerdo con las autoridades, el sistema penitenciario cuenta con escáneres para revisar cargas y detectar objetos ocultos en el cuerpo, además de equipos móviles que permiten realizar inspecciones en diferentes puntos.
Sin embargo, Amador reconoció que la tecnología no es infalible y que su efectividad depende en gran medida de la preparación, responsabilidad y honestidad del personal encargado de operarla.
En ese sentido, destacó que el recurso humano constituye uno de los elementos fundamentales para garantizar que los equipos de inspección cumplan su función y que no existan irregularidades durante los procedimientos de revisión.
La supervisión de los funcionarios será, por tanto, una parte esencial de las nuevas disposiciones, debido a que las autoridades consideran que el ingreso de objetos prohibidos no solamente representa una falla de los mecanismos tecnológicos, sino que también puede evidenciar posibles actos de corrupción.
Sin ingreso de familiares y mayores controles internos
Entre las disposiciones anunciadas también figura la restricción del ingreso de familiares a los centros penitenciarios, como parte de las medidas destinadas a reducir las posibilidades de introducir objetos prohibidos.
El director del INP sostuvo que, bajo las nuevas condiciones de control, cualquier artículo ilícito que llegue a ingresar a un establecimiento deberá ser investigado para determinar cómo logró superar los mecanismos de seguridad y quiénes pudieron facilitar su entrada.
“Si entra algo al centro penitenciario es porque los funcionarios están coludidos, porque ya no entran familiares, ya no hay contacto con los abogados. No estoy diciendo que los abogados introducen ilícitos, pero bueno, es una manera de protegerlos a ellos también”, expresó el funcionario.
