La inseguridad ciudadana y el crecimiento de la extorsión continúan representando obstáculos para el desarrollo económico de Honduras, al afectar las operaciones de las empresas, incrementar los costos de producción y generar incertidumbre entre quienes buscan invertir y generar nuevas oportunidades de empleo. Ante esta situación, la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, hizo un llamado a las autoridades para fortalecer las acciones contra la criminalidad y garantizar que las leyes vigentes se apliquen de manera efectiva.
La representante empresarial consideró que el país necesita resultados concretos en materia de seguridad, debido a que la delincuencia no solamente perjudica la tranquilidad de las familias hondureñas, sino que también afecta directamente el funcionamiento de los negocios y la capacidad de las empresas para competir en un mercado cada vez más exigente.
Gallardo sostuvo que el sector privado está dispuesto a acompañar las iniciativas encaminadas a recuperar la seguridad y mejorar las condiciones para desarrollar actividades económicas. Sin embargo, enfatizó que las medidas no necesariamente deben centrarse en crear nuevas disposiciones legales, sino en garantizar que las existentes se cumplan y que las instituciones responsables tengan capacidad para hacerlas valer.
“Tal vez a veces no hay que decir que las leyes sean más duras, sino que las leyes se cumplan”, expresó la presidenta del Cohep, al referirse a la necesidad de fortalecer la aplicación de la legislación y mejorar la respuesta de las autoridades frente a las actividades delictivas.
Su planteamiento pone sobre la mesa una de las principales preocupaciones del empresariado hondureño: la necesidad de contar con condiciones de seguridad que permitan a los trabajadores trasladarse a sus centros laborales, a los comerciantes mantener abiertos sus establecimientos y a las empresas desarrollar sus operaciones sin estar expuestas a amenazas o cobros ilegales.
Extorsión, una carga económica para las empresas
Uno de los problemas que más preocupa al sector privado es la extorsión, una práctica que obliga a numerosos empresarios y comerciantes a destinar parte de sus ingresos al pago de cuotas exigidas por estructuras criminales para permitirles continuar operando.
Gallardo advirtió que esta situación tiene consecuencias directas sobre la economía de los negocios, particularmente en aquellas zonas donde los grupos delincuenciales mantienen presiones sobre las actividades comerciales y productivas.
Los pagos extorsivos representan un gasto adicional que no forma parte de los costos normales de operación. En consecuencia, reducen los márgenes de ganancia, limitan la capacidad de reinversión y dificultan que los negocios puedan ampliar sus actividades o contratar más personal.
Modelo penitenciario y fortalecimiento de las instituciones
Consultada sobre la posibilidad de implementar en Honduras un modelo penitenciario similar al impulsado por el presidente Nayib Bukele en El Salvador, Gallardo manifestó que no conoce suficientemente los alcances y características de ese sistema como para emitir una valoración definitiva.
Indicó que corresponde a las autoridades hondureñas estudiar las experiencias de otros países, analizar sus resultados y determinar si existen condiciones institucionales, jurídicas y operativas para adoptar medidas similares.
La dirigente empresarial también se refirió a las reformas relacionadas con el sistema penitenciario y señaló que debe evaluarse la capacidad de la infraestructura nacional para responder a las nuevas disposiciones.
