La Secretaría de Finanzas y la Dirección de Servicio Civil iniciaron una auditoría conjunta de las planillas de las secretarías de Educación y Salud, con el objetivo de verificar el crecimiento del personal, la asistencia de los empleados y la correspondencia entre las plazas asignadas y las funciones que desempeñan.
La revisión se produce después de que la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentara una denuncia ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) por presuntas irregularidades en la administración de los recursos humanos del sector público durante el período 2022-2026. El órgano contralor anunció una investigación especial para determinar si existen responsabilidades administrativas, civiles o posibles indicios de responsabilidad penal.
El secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, confirmó que ambas instituciones gubernamentales trabajan en la revisión de las planillas para establecer si el incremento de empleados responde a las necesidades reales de los servicios públicos.
Entre los aspectos que serán examinados figuran la evolución de las nóminas, la asistencia del personal, las funciones desempeñadas y la posible existencia de plazas ocupadas por personas que no cumplen con sus obligaciones laborales. Las autoridades deberán contrastar los registros administrativos con la documentación correspondiente antes de establecer conclusiones
Educación registra aumento de personal
Uno de los principales señalamientos de la ASJ se concentra en la Secretaría de Educación. Según el informe denominado “Planillas en desorden”, entre 2022 y 2026 la matrícula del sistema educativo público disminuyó en 87,134 estudiantes, mientras que la cantidad de plazas docentes aumentó en 4,191.
El documento también indica que el personal administrativo pasó de 5,251 empleados en 2022 a 6,350 en 2026, lo que representa un incremento de 1,099 puestos durante ese período.
Asimismo, la organización señaló que el 85 % del presupuesto ejecutado por Educación en 2025 se destinó al pago de salarios. Estos datos forman parte de los elementos presentados para solicitar una revisión del manejo de los recursos públicos y de la distribución del personal en los centros educativos.
La reducción de la matrícula y el aumento de las plazas no demuestran por sí solos que exista una irregularidad. La investigación deberá establecer si las contrataciones y la distribución de los empleados estuvieron justificadas, tomando en cuenta las necesidades de cada comunidad y centro educativo.
Salud también estará bajo revisión
La auditoría gubernamental incluirá a la Secretaría de Salud para examinar el comportamiento de su planilla y determinar si el personal contratado corresponde a las necesidades de los establecimientos sanitarios.
La participación de Servicio Civil permitirá revisar las funciones asignadas y las condiciones laborales, mientras Finanzas intervendrá en los aspectos relacionados con los registros y el comportamiento presupuestario.
Por su parte, el TSC deberá desarrollar las diligencias necesarias para verificar los señalamientos formulados por la ASJ. Si se identifican indicios de responsabilidad penal, los antecedentes podrán remitirse al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones.
Hasta el momento, no se han presentado conclusiones definitivas que acrediten responsabilidades individuales derivadas de esta nueva revisión. Los resultados de las auditorías serán determinantes para establecer si existen incumplimientos y si corresponde adoptar medidas administrativas, exigir la devolución de recursos o iniciar otras acciones legales.
