En una contundente manifestación de cohesión institucional, los máximos jerarcas del sistema de justicia, la seguridad pública y las Fuerzas Armadas de Honduras formalizaron este martes su compromiso de ejecutar con la máxima firmeza las enmiendas legales y el paquete de reformas al Código Penal y Código Procesal Penal promovidos desde el Poder Legislativo para frenar la criminalidad organizada en el territorio nacional.
La postura fue ratificada tras una cumbre de trabajo sostenida en la sede legislativa entre la junta directiva y los jefes de bancada, encabezada por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y los titulares de las instituciones clave de persecución y juzgamiento del delito: Wagner Vallecillo (presidente de la Corte Suprema de Justicia), Pablo Emilio Reyes (fiscal general de la República), Rommel Martínez (viceministro de Seguridad), Rigoberto Oseguera (director de la Policía Nacional), Hosvan Barahona (subjefe del Estado Mayor Conjunto), Rafael Cano (subsecretario de Defensa) y Walter Amador Lacayo (director del Instituto Nacional Penitenciario).
Durante la comparecencia conjunta, Zambrano subrayó que los instrumentos aprobados por el pleno parlamentario ya arrojan métricas operativas concretas, destacando la captura de 66 presuntos integrantes de estructuras delictivas en un periodo de apenas nueve días, de los cuales 42 ya cuentan con auto de formal procesamiento y prisión preventiva.
Estrategia integrada, combate al terrorismo y régimen penitenciario severo
Los máximos representantes de la cadena de justicia detallaron los alcances de la estrategia coordinada:
- Poder Judicial y política criminal: El magistrado presidente de la CSJ, Wagner Vallecillo, aseveró que la institucionalidad del Estado trabaja de manera articular en el marco del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para revertir los índices de impunidad histórica.
- Acción penal del Ministerio Público: El fiscal general, Pablo Emilio Reyes, destacó que la tipificación de asociaciones ilícitas como grupos terroristas y el ajuste procesal penal brindan las herramientas técnicas necesarias para sustentar requerimientos firmes en los tribunales.
- Apoyo militar y despliegue policial: Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ratificaron el despliegue de capacidades tácticas y operativas en todo el país, advirtiendo un régimen severo de persecución contra quienes integren redes delictivas.
- Control en el sistema carcelario: El titular del INP, Walter Amador Lacayo, garantizó que a los sujetos procesados bajo la categoría de terroristas se les aplicará un régimen de máxima seguridad y estricta disciplina en los centros penales.
La aprobación final del paquete de reformas penales sienta un hito en la articulación de los poderes del Estado para la contención de la delincuencia común y organizada en Honduras.
