En un esfuerzo por fortalecer la estrategia de combate al crimen organizado y atender la constante demanda de paz por parte de la ciudadanía, la junta directiva del Congreso Nacional hizo un firme llamado a todas las fuerzas políticas representadas en el hemiciclo legislativo para que respalden de manera unánime la aprobación del proyecto destinado a la edificación de una nueva cárcel de máxima seguridad en el país.
El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, se dirigió a la totalidad de los parlamentarios para solicitar su voto favorable, asegurando que la iniciativa cuenta con el respaldo previo de las cinco bancadas legislativas que integran la Cámara. El congresista enfatizó la urgencia de desmarcar la lucha contra la delincuencia de los intereses partidarios, exhortando a una postura unificada ante la crisis de inseguridad.
“Esto no es un tema político, esto es un tema de seguridad, esto es un tema de vidas humanas, este es un tema de darle paz y tranquilidad al pueblo hondureño”, manifestó de forma contundente el parlamentario durante su intervención ante los medios de comunicación.
Ledezma recordó que un proyecto similar ya había obtenido el respaldo absoluto de los 128 diputados en una legislatura pasada, por lo que expresó su optimismo en que esa madurez política y compromiso social se repitan en esta oportunidad al momento de someter la propuesta nuevamente a discusión y votación en el pleno.
“Esperamos que de igual manera, el día de hoy, sea esta ley aprobada por los 128 diputados”, reiteró el secretario legislativo, manifestando además que el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, mantiene la absoluta disposición de impulsar todas las medidas y leyes que resulten necesarias para dotar de herramientas eficaces al sistema de justicia y a los organismos de seguridad pública.
Sumado al proyecto del nuevo centro penitenciario, el Congreso Nacional prevé discutir y aprobar un paquete de reformas legales orientadas a endurecer de forma severa las sanciones contra integrantes de maras y pandillas. Entre las modificaciones planteadas se contemplan ajustes en los plazos de detención preventivos, un régimen más riguroso para el cumplimiento de las penas privativas de libertad y un incremento sustancial en las condenas de reclusión para quienes pertenezcan a estructuras criminales.
Ante los cuestionamientos surgidos por parte de diversos organismos y organizaciones defensoras de los derechos humanos, los cuales advierten sobre posibles vulneraciones a las garantías fundamentales con la implementación de estas medidas coercitivas, Ledezma fue tajante al rechazar tales señalamientos y argumentó que el Estado debe priorizar la protección integral de las víctimas y de las familias hondureñas.
“Acá no se están violentando los derechos humanos, aquí se está privando el bien mayor, que es la seguridad y el bienestar del pueblo hondureño”, aseveró el funcionario para defender la idoneidad y legitimidad de las reformas.
Finalmente, el secretario parlamentario reafirmó la voluntad de la Cámara Legislativa de continuar promoviendo y debatiendo nuevas iniciativas en materia penal y penitenciaria, sosteniendo que las autoridades policiales y judiciales requieren un marco jurídico robusto para enfrentar la delincuencia organizada y dar una respuesta contundente a las exigencias de la población.
