La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y reconocida socióloga, Julieta Castellanos, ofreció una contundente valoración analítica tras la reciente orden de captura emitida por las autoridades judiciales contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. Durante su análisis sobre las implicaciones políticas de este proceso judicial, la exacadémica aseveró que el exlider de la cámara legislativa no representa un liderazgo consolidado ni estratégico dentro del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre).
Por el contrario, lo catalogó abiertamente como un «eslabón débil» dentro de dicha estructura partidaria, sugiriendo que su posición actual facilitó el accionar de la justicia.
Castellanos enfatizó que la gestión y forma de conducción del Poder Legislativo bajo la titularidad de Redondo representó un costo político significativo que terminó pasando factura a las filas del partido en los comicios legislativos.
Según la socióloga, las cuestionadas decisiones adoptadas durante su período al frente del parlamento provocaron un desgaste directo que derivó en la pérdida nula o paulatina de respaldo popular, traducida en un menor caudal de votos y en la reducción de escaños de diputaciones en zonas electorales clave, como el departamento de Cortés.
Dudas sobre la postura del oficialismo y cuestionamientos a la justiciaAsimismo, la exrectora planteó interrogantes sobre la postura que asumirá la cúpula y dirigencia de Libertad y Refundación en este escenario, indicando que está por verse si el partido decidirá emprender una defensa pública, oficial y decidida en favor del ex titular de la cámara legislativa.
En ese contexto, Castellanos dirigió cuestionamientos a la operatividad del Ministerio Público, señalando una evidente disparidad o lentitud en las investigaciones de otros expedientes judiciales donde también se menciona la presunta participación de destacados miembros activos del oficialismo que aún no han sido procesados.
Al referirse a la narrativa que califica el proceso como un acto de «persecución política», la socióloga argumentó que dicha justificación es un recurso habitual y recurrente empleado por figuras públicas cuando enfrentan imputaciones de carácter penal.
Recordó las severas controversias constitucionales provocadas por la instalación de la Comisión Permanente, donde un grupo reducido de 13 diputados asumió competencias reservadas de manera exclusiva al pleno del Congreso Nacional, desoyendo las constantes protestas de los legisladores que rechazaban la extensión de las sesiones ordinarias y la conformación de dicha instancia.
