El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes la revocación de visas para 27 funcionarios, exfuncionarios y familiares procedentes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, a quienes acusa de estar involucrados en hechos de corrupción, narcotráfico o acciones que, según Washington, afectan a gobiernos democráticamente electos.
La medida fue anunciada por el Departamento de Estado y alcanza a jueces, fiscales, funcionarios policiales, legisladores y empresarios de los cuatro países. Entre los afectados se encuentra el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, además de otros fiscales y jueces bolivianos.
De acuerdo con el Gobierno estadounidense, las restricciones forman parte de sus compromisos dentro de la alianza denominada “Escudo de las Américas”, impulsada por la administración de Donald Trump y orientada, según Washington, a combatir el narcotráfico, la corrupción y otras amenazas en el hemisferio.
En el caso de Bolivia, las autoridades estadounidenses acusan a Mariaca de haber utilizado su cargo para solicitar y aceptar sobornos relacionados con el narcotráfico y de favorecer la evasión de la justicia por parte de personas vinculadas a delitos violentos. Estas son acusaciones del Gobierno de Estados Unidos, y Mariaca no había respondido públicamente a la solicitud de comentarios de AP al momento de su publicación.
Entre los ciudadanos colombianos afectados figuran un empresario y una legisladora; mientras que Ecuador y Perú también tienen representantes incluidos en la medida, entre ellos un magistrado peruano.
El Departamento de Estado justificó las restricciones señalando que busca defender la gobernabilidad democrática y enfrentar la corrupción y el narcotráfico en la región. La medida se suma a otras restricciones de visas utilizadas por Washington como instrumento de política exterior.
La decisión se produce en un contexto de mayor cooperación entre Estados Unidos y varios gobiernos latinoamericanos en materia de seguridad y lucha contra el tráfico de drogas y personas.
