La batalla fronteriza de la Administración Donald Trump se traslada al máximo fuero judicial de Estados Unidos. El Departamento de Justicia radicó una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema para destrabar y reactivar las deportaciones expedita de extranjeros hacia naciones distintas a sus países de origen, congeladas temporalmente por fallos de tribunales inferiores.
La ofensiva legal fue ratificada por el fiscal general, Todd Blanche, luego de que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito dejara en firme la resolución de un juez federal con sede en Boston. Dicha providencia bloqueó los vuelos de expulsión al considerar que la política gubernamental vulnera el debido proceso de los solicitantes de asilo.
El meollo de la controversia radica en los protocolos de protección internacional. Mientras las cortes de primera y segunda instancia exigen que cada migrante reciba una notificación formal previa y la oportunidad real de alegar temores de tortura o persecución antes de ser embarcado hacia un tercer país, el Gobierno califica estas garantías como un «obstáculo burocrático» que entorpece las operaciones de repatriación y provoca la cancelación de vuelos chárter.
La decisión que adopte el Tribunal Supremo marcará un precedente trascendental en la política migratoria estadounidense y el alcance de las garantías humanitarias en territorio norteamericano.
