Un rendimiento casi nulo en el mercado laboral y la presión de la empresa privada forzaron el retorno de la Ley de Empleo a Tiempo Parcial a la mesa legislativa. Apenas medio año después de su promulgación en marzo de 2026, la Comisión de Trabajo y Asuntos Gremiales del Congreso Nacional entabló las primeras mesas de diálogo con el empresariado para flexibilizar un marco legal que, según las cámaras patronales, ahoga la contratación formal con trabas operativas.
El desencadenante del frenazo es contundente: el sector productivo reporta haber formalizado menos de 200 contratos bajo este esquema en todo el país. La rigidez en las jornadas y los vacíos en el marco prestacional terminaron por paralizar una normativa diseñada para amortiguar el desempleo, empujando a los empleadores a exigir una reestructuración urgente de sus artículos.
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Uno de los principales nudos gordianos radica en el piso de horas exigido. La legislación vigente impone una banda obligatoria de 18 a 32 horas a la semana. Esta restricción margina, por ejemplo, a técnicos especializados o consultores independientes requeridos únicamente por bloques de 4 o 6 horas semanales, impidiendo que perciban ingresos proporcionales por el tiempo efectivamente trabajado.
