El juez federal de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein, dictó una orden de protección con consentimiento de las partes para regular el acceso, la custodia y el uso procesal del material probatorio en el juicio contra el depuesto mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ambos recluidos en Nueva York tras su captura el pasado 3 de enero durante un operativo de fuerzas estadounidenses en Caracas.
La disposición judicial obliga a la Fiscalía a poner a disposición de los abogados defensores los documentos, evidencias digitales e informaciones recolectadas durante la investigación. El magistrado clasificó el expediente en distintas categorías según los riesgos de seguridad, privacidad de terceros e investigaciones en curso, advirtiendo que la difusión pública irrestricta podría perjudicar el debido proceso.
A través del protocolo fijado por el tribunal, la Fiscalía fue autorizada a compartir con la defensa los datos extraídos de computadoras, celulares y dispositivos electrónicos incautados a la pareja bajo órdenes judiciales. Dicha evidencia fue clasificada bajo la figura APO (Attorney’s Possession Only / Solo para Posesión de los Abogados).
Restricciones de custodia y estrategia legal de la defensa
Bajo la clasificación APO, la posesión de los archivos queda estrictamente restringida a los abogados defensores y a su equipo de trabajo. Ni Nicolás Maduro ni Cilia Flores podrán conservar copias físicas o digitales de esta información, limitándose su acceso a revisiones presenciales y bajo la supervisión directa de sus defensores. El tribunal conservará jurisdicción permanente sobre el expediente para hacer cumplir este blindaje, incluso tras la conclusión del procedimiento penal.
Simultáneamente, la defensa legal de Maduro, encabezada por el abogado Barry Pollack, interpuso dos mociones ante el tribunal solicitando la desestimación definitiva de la causa penal:
- Inmunidad soberana de jefe de Estado: La defensa argumentó que el tribunal estadounidense carece de jurisdicción para juzgar a Maduro, sosteniendo que mantiene inmunidad soberana por su condición de «jefe de Estado de facto» y por corresponder los hechos a actos derivados de funciones oficiales.
- Cuestionamiento al cargo de narcoterrorismo: Como planteamiento alternativo, Pollack solicitó anular la imputación por conspiración para cometer narcoterrorismo, argumentando que se pretende juzgar la conducta de un ciudadano extranjero en el exterior sin fundamentar el elemento jurisdiccional ni demostrar la intención de dañar a EE. UU.
- Cargos imputados: Nicolás Maduro enfrenta imputaciones por conspiración para cometer narcoterrorismo, importación de cocaína a territorio estadounidense y posesión de armas automáticas.
Con el ordenamiento del material probatorio y la resolución pendiente de las mociones de la defensa, el tribunal en Nueva York define el marco procesal que regirá el desarrollo de esta causa penal de trascendencia internacional.
