
La conducta coactiva es aquella acción mediante la cual se ejerce fuerza, violencia o intimidación sobre una persona o personas, para obligarlas a hacer algo que no quieren o para impedirles ejercer un derecho fundamental. En el ámbito penal, la conducta coactiva constituye un delito contra la libertad individual, delito que es castigado en los códigos penales. La coacción es un delito porque consiste en limitar en forma ilegeitima la voluntad y el derecho de actuar de las personas. En la coacción se emplea violencia física, intimidación grave o coacción material para doblegar la voluntad de la víctima. El Partido Libre, desde su inicio adoptó una conducta coactiva para obtener objetivos políticos, extralimitándose en el reciente proceso electoral, usando la coacción en forma desenfrenad, primero para impedir las elecciones primarias, hasta el extremo grave de buscar impedir la declaratoria de las elecciones generales.
La detención momentánea del señor Melvin Cevallos, uno de los cabecillas del grupo intimidatorio del PLR conocido como » los colectivos», apenas es una primera acción del Ministerio Público para sentar en el banquillo a muchas personas del PLR que, igual que Cevallos, se implicaron en un delito de graves consecuenias contra la Constitución de la República y contra el sagrado derecho del pueblo hondureño de elegir a sus autoridades. El señor Cevallos es un violador confeso de la Constitución; en varias declaraciones ofrecidas a los medios dijo estar dispuesto a emplear las armas para impedir que se hiciera la declaratoria de las elecciones. Alegó que a Libre se le habían robado las elecciones, una mentira del tamaño del Cerro del Pichacho que solo puede caber en la mentalidad sociopática de los dirigentes de su partido que acuden siempre al expediente de la mentira como su mejor argumento, cuando Libre apoyado por un aparato de fraude montado con el chavismo venezolano y otros compinches de varios países, se afanó en perpetuarse en el poder.

El caso de Melvin Cevallos es el comienzo del desenredo del ovillo, porque el Ministerio Público está obligado a proceder de igual manera contra todos los dirigentes y militantes del PLR que se agrupaban alrededor de Cevallos, intentando penetrar en las instalaciones donde estaban resguardadas las urnas electorales amenazando con realizar un supuesto conteo por su cuenta, hecho delictivo y repugnante que fué impedido por la acción de las FFAA, que al ser comandadas por el Gral. Hector Valerio, empezaron a actuar apegadas a la Constitución. Cevallos no puede ser defendido como un simple militante político del PLR, sus declaraciones amenazantes de acudir a las armas para hacer valer las pretensiones absolutamente ilegales del PLR lo condenan de antemano.
El gran problema para Cevallos y todos los militantes de Libre que incurrieron de manera coactiva buscando impedir la declaratoria de las elecciones, es que el delito de coacciones entra en el ámbito penal, porque constituye un delito contra la libertad individual como es el derecho a ejercer el sufragio, y como tal, la coacción busca limitar de forma ilegítima la voluntad de las personas en un derecho sagrado como es el que tenemos las personas para elegir a las autoridades. El código penal identifica el empleo de la violencia física en la coacción, además de, la intimidación grave practicada por Melvin Cevallos cuando amenazaba con penetrar a las instalaciones del Infop, a secuestrar las urnas donde estaban los votos, que es la voluntad electoral de la población.
La ex candidata del PLR, Rixi Moncada, no puede alegar persecución en este caso, porque se trata de una acción del Ministerio Público, como institución que debe velar por la preservación de los derechos de los ciudadanos. El PLR ya no tiene el control del Ministerio Público para manosearlo a su antojo como lo hizo durante los pasados cuatro años. El MInisterio Público, afortundamente, hoy actúa como una institución independiente, como debe hacerlo siempre, en protección de los derechos de los ciudadanos. Su deber es investigar el delito y a sus autores, para hacerlos comparacer ante los tribunales, para que se les aplique la Ley y se haga justicia. El caso de Cevallos no debe ser el único, apenas es el primero de los numerosos militantes del PLR que previo a las elecciones y una vez efectuadas estas, intentaron mediante un aparato de trampas, evitar que se hiciera la declaratoria de las elecciones.
No lo cosiguieron, gracias al valor inconmensurable de las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall del CNE, cuya actuación patriótica evitó que la coacción permanente del consejero Marlon Ochoa echara a perder, primero las elecciones primarias y después la declaratoria de las elecciones generales. Solo personas insensatas pueden plantear peticiones tiradas de los cabellos, como es pedir la destitución de Lopez y Hall de sus cargos, en los cuales tienen muy bien concedido un permiso temporal para desempeñar puestos de representación diplomática de nuestro país. Ambas consejeras cuentan con el reconocimiento sempiterno de millones de hondureños, que sabemos que seguimos viviendo en democracia, gracias al valor extraordinario de estas dos damas que expusieron su vida para evitar que un partido autoritario nos robara las elecciones. Ese acto histórico no se podría esperar de cualquier papanata. Así son las cosas y asi se las hemos contado hoy miércoles 23 de septiembre 2026