El Congreso Nacional aprobó por unanimidad, la noche del martes 22 de septiembre, la Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas y el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional, con la que se endurece el régimen de reclusión para personas identificadas como integrantes de estructuras criminales declaradas terroristas, así como para miembros de maras y pandillas.
La normativa fue aprobada en un solo debate, después de una dispensa, y contempla reformas a disposiciones relacionadas con el sistema penitenciario y la Policía Nacional. Entre las medidas se establece que los privados de libertad considerados de alta peligrosidad deberán permanecer en celdas individuales de máxima seguridad, con restricciones a su movilidad y a la participación en actividades colectivas.
Además, los reclusos sometidos a este régimen tendrán limitaciones en las visitas familiares y de abogados, mientras que las comunicaciones telefónicas estarán sujetas a controles. También se establece que tendrán derecho a salir al sol o utilizar el patio una hora a la semana, bajo vigilancia.
La legislación también contempla que las audiencias judiciales de estas personas puedan desarrollarse de manera virtual, evitando traslados fuera de los centros penitenciarios. Asimismo, se establecen restricciones sobre el ingreso de determinados dispositivos electrónicos y otros artículos.
Otro de los puntos aprobados contempla medidas temporales relacionadas con el uso de motocicletas en determinados municipios y zonas que sean establecidos por las autoridades, incluyendo restricciones para la circulación de dos hombres en una misma motocicleta, además de disposiciones sobre armas, ocultamiento del rostro y placas vehiculares.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, defendió la aprobación de las reformas y afirmó que buscan proporcionar herramientas legales a las instituciones encargadas de la seguridad.
“Este tema no es un juego, es para darle seguridad al pueblo hondureño, es para darle herramientas legales a defensa y seguridad”, declaró Zambrano.
El titular del Legislativo también sostuvo que las reformas permitirán evitar que personas vinculadas con estructuras criminales continúen ordenando delitos desde los centros penitenciarios.
“Desde los centros penales no se puede seguir ordenando delitos”, manifestó Zambrano
Zambrano informó además que el sistema penitenciario trabaja en una reorganización de los espacios para habilitar aproximadamente 950 cupos en módulos de máxima seguridad. Según explicó, se realizarán reubicaciones para generar esos espacios y posteriormente se prevé avanzar en la construcción de nuevos centros penitenciarios mediante financiamiento.
La ley establece también un plazo de 30 días después de su publicación en La Gaceta para que el Poder Ejecutivo realice las adecuaciones reglamentarias necesarias para su aplicación.
La aprobación ocurre después de que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) declarara como asociaciones terroristas a tres estructuras criminales. El presidente del Congreso había confirmado días antes la decisión, aunque inicialmente no reveló los nombres. Posteriormente, reportes periodísticos identificaron entre ellas a la Mara Salvatrucha (MS-13), Pandilla 18 y el Cártel del Diablo.
La nueva legislación busca complementar esas medidas mediante un régimen penitenciario más restrictivo y mecanismos para impedir que las estructuras criminales continúen operando desde las cárceles.
