El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción con una vigencia de sesenta días en ocho provincias y tres municipios del país, implementando además un toque de queda nocturno que regirá del 17 al 30 de septiembre en cuatro regiones costeras. La medida busca frenar el avance de las estructuras de crimen organizado que mantienen al país en alerta.
El decreto ejecutivo, firmado este martes, abarca las provincias de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas. Asimismo, la medida se extiende a los municipios de Camilo Ponce Enríquez (en la provincia de Azuay), Las Naves (en Bolívar) y La Maná (en Cotopaxi).
El primer mandatario fundamentó la decisión en la existencia de una “grave conmoción interna” atribuida a la delincuencia organizada. Como parte del decreto, se suspende la inviolabilidad del domicilio, lo que facultará a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a ejecutar allanamientos inmediatos cuando existan indicios de la comisión de delitos.
Informes emitidos por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas respaldan la medida, advirtiendo que los grupos criminales de estas zonas han diversificado sus fuentes de financiamiento a través de economías ilícitas, lo que les otorga una alta capacidad de adaptación frente a los operativos policiales ordinarios.
El escrito oficializa también el toque de queda anunciado la semana pasada por el ministro del Interior, John Reimberg. Esta restricción de movilidad aplicará exclusivamente en las provincias de El Oro, Manabí, Guayas y Los Ríos, en un horario comprendido entre las 00:00 y las 05:00 horas, desde el 17 hasta el 30 de septiembre.
Este representa el tercer toque de queda implementado en lo que va del año en el territorio ecuatoriano, sumándose a los decretados previamente en los meses de marzo y mayo. Cabe recordar que Ecuador se mantiene bajo la figura de “conflicto armado interno” declarada por Noboa en 2024 para catalogar y combatir frontalmente a las bandas criminales como “terroristas”. La estrategia gubernamental se redobla en un escenario complejo, marcado por los altos índices de violencia que afectaron al país durante el año anterior.
