El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) y alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, confirmó este día que la intervención realizada por el Ministerio Público y las autoridades policiales en la sede partidaria tomó por sorpresa a la dirigencia, tratándose de diligencias enfocadas en solicitar información financiera y cotejar la liquidación de fondos de la pasada campaña política.
Durante una entrevista concedida a HCH, Contreras detalló que las acciones de las autoridades buscan revisar la documentación física y los libros contables, abarcando tanto las gestiones del propio partido como las de la campaña del ingeniero Salvador Nasralla.
Según explicó, existen dos tipos de liquidaciones independientes: la presentada por la institución política, que incluyó un préstamo bancario aproximado de 37 millones de lempiras respaldado por unos 885 documentos de descargo, y la que correspondía realizar al candidato como sujeto obligado.
El máximo representante del CCEPL señaló que los desacuerdos sobre el control administrativo y financiero surgieron desde el inicio de su gestión, indicando que Nasralla y su facción interna que cuenta con nueve votos frente a los seis de su sector decidieron manejar los recursos de manera separada y nombraron a Rosindira Vanegas en la administración y a Jenny Canales como firmante de los cheques de la campaña.
En este sentido, Contreras aclaró categóricamente que él no posee firma autorizada en las chequeras del CCEPL, que canceló su firma bancaria y que no participó en la obtención del préstamo institucional ni en la gerencia financiera de los fondos, desligándose del manejo operativo de los recursos.
El presidente del partido indicó que las solicitudes de información enviadas previamente por las entidades investigadoras fueron remitidas en tiempo y forma al equipo legal y de secretaría para su debida contestación, y puntualizó que será el Ministerio Público junto a la Unidad de Política Limpia los entes encargados de determinar, mediante las investigaciones y el cotejo de documentos, si existió o no un manejo correcto de los recursos durante el proceso electoral.
