En un contundente pronunciamiento público, la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU) junto a Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH), manifestaron su alarma ante las persistentes declaraciones del general Roosevelt Hernández, a quien acusan de seguir descalificando abiertamente a los periodistas que figuran como víctimas en la causa penal que se le sigue.
Mediante un comunicado conjunto, las organizaciones denunciaron que, en una reciente comparecencia televisiva, Hernández reincidió en expresiones dirigidas a los comunicadores.
Esta conducta ocurre a pesar de que la audiencia de imputado le prohibió expresamente comunicarse o referirse a las víctimas. Por ello, instaron al órgano jurisdiccional competente a revisar las actuaciones, de oficio o a petición de parte, para determinar si existió un incumplimiento y aplicar las consecuencias legales correspondientes, incluyendo la modificación de las medidas cautelares.
Las entidades enfatizaron que el asunto trasciende una simple confrontación mediática, pues compromete el cumplimiento de resoluciones judiciales y la obligación estatal de brindar protección integral.
Asimismo, alertaron sobre el peligro de normalizar que figuras con poder utilicen espacios públicos para intimidar, desacreditar o estigmatizar a profesionales de la comunicación que han formalizado denuncias en su contra.
“Nadie está por encima de la ley”, sentenciaron las organizaciones, al remarcar que el rango, el uniforme o la influencia mediática no otorgan inmunidad ante la Constitución, las leyes y las obligaciones internacionales en derechos humanos.
En ese sentido, hicieron un llamado enérgico al Poder Judicial y al Ministerio Público para que actúen con estricta independencia y objetividad, garantizando la efectividad de las medidas de protección.
Exhortaron a las instituciones del Estado y a la sociedad hondureña a rechazar cualquier acto de intimidación hacia la prensa por el ejercicio de su labor profesional.
Reafirmaron que la dignidad de las víctimas, la libertad de expresión, el debido proceso y la independencia judicial son derechos y obligaciones fundamentales del Estado, no concesiones del poder.
