La Directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, señalo que el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños exponen el resultado de décadas de inoperancia de gobiernos sucesivos.
Castellanos, se refirió a la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos de dar por terminado el programa del TPS a varias naciones, incluyendo Honduras.
La directora del CNA detallo que, hasta el 20 de agosto, más de 30 mil hondureños fueron deportados, de los cuales 27,828 retornaron al vía aérea de Estados Unidos.
Castellanos consideró que este flujo evidencia el engranaje implacable de la política migratoria del norte.
“La terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) que afectó a decenas de miles de hondureños, no es solo una crisis migratoria o diplomática. También expone el resultado de décadas de inoperancia de gobiernos sucesivos”, Castellanos.
La directora del CNA mencionó administraciones marcadas por la corrupción, la captura del Estado por redes criminales y el desvío de recursos públicos redujeron la gestión gubernamental a una labor de contención, mientras millones de personas terminaron eligiendo entre el exilio y la miseria.
Señaló que, en 2025, Honduras recibió alrededor de 12 mil millones de dólares en remesas familiares, equivalentes a cerca del 30% del Producto Interno Bruto.
