Una nueva iniciativa orientada a sancionar a aquellos creadores de contenido que utilicen a personas en condición de vulnerabilidad con fines de lucro fue presentada en el Poder Legislativo.
La propuesta contempla la aplicación de multas que oscilan entre 10 y 50 salarios mínimos, además de la facultad de ordenar la cancelación temporal o permanente de las cuentas en redes sociales de quienes incurran en estas prácticas.
Durante la presentación del proyecto, se aclaró que la medida no busca implementar una persecución ni censurar la libertad de expresión, sino salvaguardar la dignidad humana.
Asimismo, se señaló que, si bien existen espacios digitales enfocados en el entretenimiento sano o la educación, también proliferan contenidos basados en el consumo de drogas, alcohol y la mofa de terceros, motivados exclusivamente por la búsqueda masiva de visualizaciones y monetización económica.
Esta iniciativa surge tras el reciente caso judicial en el municipio de Danlí, departamento de El Paraíso, donde dos creadores de contenido fueron acusados de trato degradante agravado en perjuicio de un menor de edad, situación que derivó en la detención judicial de uno de los implicados.
Ante este panorama, se indicó que las nuevas sanciones económicas y administrativas funcionarían como un mecanismo complementario a las disposiciones vigentes establecidas en el Código Penal.
