El estancamiento en la actualización del marco normativo político podría generar repercusiones directas en las urnas durante los próximos procesos democráticos. El director de Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa, Juan Carlos Aguilar, alertó que la omisión en la aprobación de las reformas electorales pasará una factura política inmediata a los partidos responsables.
El representante de la sociedad civil argumentó que la transformación del sistema electoral constituyó una de las promesas de campaña más robustas tanto del Poder Ejecutivo como de los diputados del Poder Legislativo. Aguilar enfatizó que la falta de consensos no debe utilizarse como justificación legal, puesto que los legisladores disponen del tiempo técnico y del número de votos necesarios si se priorizan los canales de diálogo y el cabildeo multipartidario.
La hoja de ruta institucional establecía originalmente un plazo límite para el mes de octubre del presente año, fecha en la que la Comisión Electoral del Congreso debía emitir el dictamen correspondiente. A partir de esa resolución técnica, las fuerzas políticas debían iniciar la construcción de acuerdos para ratificar un primer paquete de reformas estructurales antes del cierre del ciclo legislativo o a inicios del próximo periodo.
