Un informe de la iniciativa «Potencia Honduras», de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), reveló que el Estado destina más de L 14,100 millones anuales para sostener a la ENEE. Esta crisis absorbe fondos públicos que deberían ir a salud, educación y seguridad.
De no aplicarse reformas, el costo para los hondureños aumentará un 50 % para el año 2035, alcanzando los L 21,200 millones anuales debido a que se pierde el 35 % de la energía distribuida.
Para frenar este impacto, la iniciativa propone una reforma estructural que separe las actividades de la estatal e integre a un operador de distribución eficiente.
Con estas medidas, se proyecta un ahorro acumulado de más de L 100,000 millones en una década. Este rescate financiero permitiría estabilizar el servicio eléctrico y recuperar recursos vitales para escuelas, hospitales y seguridad pública en el país.
