El Instituto de la Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó este martes la quinta entrega de su demoledor informe «Estado de País 2026». El documento revela fallas estructurales severas en las políticas de seguridad del Estado y confirma una realidad devastadora para las familias hondureñas: el 98 % de los casos de homicidio en el país quedan en la impunidad absoluta.
A pesar de que las métricas oficiales exponen un descenso numérico en la tasa de homicidios —pasando de 85.5 por cada 100 mil habitantes en 2012 a 26.6 en 2025—, el panorama diario sigue siendo crítico. Honduras arranca el 2026 manteniéndose de forma trágica como la nación más violenta de Centroamérica, registrando un promedio de seis homicidios al día sin que la gran mayoría reciba castigo legal.
El contraste: Presupuestos millonarios sin resultados La investigación de ASJ pone el dedo en la llaga al comparar la asignación de recursos versus la efectividad en las calles de Tegucigalpa, San Pedro Sula y el resto del territorio:
- Gasto acumulado: Entre 2022 y 2025, el Estado hondureño destinó más de 130 mil millones de lempiras al sector de seguridad y justicia.
- Impuesto de seguridad: A esa astronómica cifra se suman 4 mil 423 millones de lempiras recaudados de manera anual mediante la Tasa de Seguridad Poblacional.
- Historial de sangre: El análisis histórico evidencia que, de los 74,820 homicidios perpetrados en los últimos 15 años, la inmensa mayoría carece de una sentencia condenatoria.
Fracaso absoluto en el combate a la extorsión: El informe desglosa que durante el año 2025 la extorsión golpeó de forma directa a 294,760 hogares hondureños. Sin embargo, la respuesta estatal fue calificada como ineficaz: de los 420 detenidos bajo cargos de extorsión el año pasado, ninguno llegó a ser judicializado, dejando a los microempresarios y transportistas en un estado de total indefensión.
